La aprobación de la denominada Ley Monse por parte del Congreso de Veracruz representa un avance importante en materia de justicia de género, consideran las integrantes del Colectivo Brujas del Mar; sin embargo, advirtieron que el verdadero desafío será lograr que la reforma se cumpla efectivamente.
Arussi Unda, vocera del Colectivo, reconoció que durante el proceso legislativo existía preocupación por posibles modificaciones al contenido original de la iniciativa, lo que generó incertidumbre entre los grupos feministas.
“Nos tenía preocupadas el tema de las modificaciones, porque a través de los medios leíamos que se hablaba de cambios. Nunca estuvimos cerradas a que se revisara o perfeccionara, pero queríamos saber qué le habían cambiado. Ya cuando tuvimos acercamiento y pudimos ver el dictamen, hubo más tranquilidad al ver que el sentido seguía siendo el mismo y que los ajustes fueron mínimos”, explicó.
Unda enfatizó que, si bien la aprobación representa un logro significativo tras años de trabajo y exigencia social, aún queda pendiente garantizar su correcta implementación.
“Ahora toca lo mismo de siempre: que no quede en letra muerta, que las autoridades hagan lo que les corresponde. Llevamos casi cuatro años batallando con esta iniciativa y, mientras tanto, la familia Benítez Roldán lleva casi cinco años de impunidad. Nada va a reparar lo que él hizo, pero por lo menos que ya termine ese proceso tan desgastante”, declaró.
Buscan cerrar casos de impunidad con la Ley Monse
En su opinión, la nueva legislación busca cerrar los espacios de impunidad que permiten la existencia de redes de protección a agresores, especialmente en casos de violencia de género.
El Colectivo reiteró su llamado a las autoridades para que la Ley Monse no se limite a un marco normativo, sino que se convierta en una herramienta real para garantizar justicia y evitar que más mujeres sean víctimas de la indiferencia institucional.
Cabe recordar que la Ley Monse se origina tras el feminicidio de Montserrat Benítez Roldán, ocurrido en 2021 en el municipio de Boca del Río. Su agresor, Marlon Botas, permaneció prófugo más de un año con la presunta ayuda de sus padres, situación que evidenció las deficiencias legales para sancionar a quienes encubren o facilitan la huida de responsables por vínculos afectivos o familiares.
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