A cuatro años de que el Congreso de Veracruz aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, el acceso real a este derecho sigue siendo limitado, advirtió Metzeri Ávila San Martín, integrante de la colectiva Marea Verde Totonacapan.

La activista señaló que, aunque la ley fue modificada en julio de 2021, su implementación enfrenta rezagos críticos en infraestructura, atención médica y garantía de derechos. La falta de medicamentos, insumos básicos y personal capacitado impide que el servicio se brinde de manera integral en hospitales y centros de salud.

“Esta modificación está en el papel, pero sabemos que sigue siendo un reto. La importancia es poner la descentralización y mirar que el acceso es una deuda que todavía tiene pendiente el Estado veracruzano, las cifras hablan por sí solas”, expresó.

Ávila San Martín indicó que, más allá de las carencias materiales, persisten barreras culturales e institucionales, como la objeción de conciencia y el estigma entre el personal de salud, que continúan limitando el ejercicio efectivo del derecho.

“Nos seguimos topando con médicos, enfermeras, trabajadoras sociales que no quieren aplicar esta interrupción. Tenemos mucho que hacer con la despenalización social”, afirmó.

Desde su experiencia como acompañante, denunció que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo muchas veces son revictimizadas, ya que no existe una atención con perspectiva de género ni un reconocimiento de las múltiples formas de discriminación que enfrentan.

“Se tiene una deuda porque no se está mirando la intersección de los casos”, señaló.

A cuatro años de que se aprobó la despenalización del aborto en Veracruz, el acceso real a este derecho sigue siendo limitado: Colectivas

Frente a estas condiciones, muchas optan por no acudir a los servicios institucionales y recurren al acompañamiento de colectivas, que las guían en procesos seguros realizados en casa, pero fuera del sistema formal de salud.

Uno de los principales pendientes, destacó, es el acceso a información adecuada en comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, donde el desconocimiento de la ley, las barreras lingüísticas y geográficas impiden el ejercicio del derecho.

“Como colectivas hemos tenido que hacer modificaciones lingüísticas e interpretaciones para hablar de los derechos humanos en las comunidades indígenas y afro de nuestro estado, que es algo que debería estar a cargo del Estado”, afirmó.

Ávila San Martín hizo un llamado a incorporar un enfoque intercultural en la política pública sobre salud sexual y reproductiva para garantizar que el acceso sea efectivo en todo el estado.

El 20 de julio de 2021, Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, tras la aprobación de reformas al Código Penal por parte del Congreso local. En noviembre del mismo año, el gobierno estatal publicó el Programa de Aborto Seguro, con el objetivo de garantizar el acceso integral al servicio.

Sin embargo, colectivas feministas insisten en que, mientras no se resuelvan los rezagos materiales, los estigmas institucionales y la falta de capacitación intercultural, el aborto legal seguirá siendo un derecho limitado a las zonas urbanas y con acceso privilegiado a la información.

Con información de AVC Noticias.

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