La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado Mexicano tiene responsabilidad en el asesinato, falta de acceso a la justicia, falta de acceso a la salud y violaciones de derechos humanos de Ernestina Ascencio y su familia.
La sentencia de la CoIDH, notificada a México consideró que los derechos fueron violados, por lo que México deberá realizar una serie de medidas, debido al caso de la mujer adulta mayor indígena náhuatl que fue violada multitudinariamente y perdió la vida debido a ello por parte de elementos del Ejército en Soledad de Atzompa, en la región de Zongolica en Veracruz.
“Declaró la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la violación sexual y graves lesiones perpetradas en el 2007 contra la señora Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena monolingüe de 73 años. La Corte determinó que las graves lesiones así como la falta de atención médica causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario”, señaló el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovitsch.
Con la sentencia, dijo, México deberá ahora sí investigar y sancionar a las personas responsables de estos hechos sucedidos en 2007 y que todavía permanecen en la impunidad.
Además, también deberán brindar atención médica y psicológica gratuita e intercultural a las y los hijos de Ernestina, brindar becas de estudios a los nietos, publicar la sentencia y hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
La sentencia contempla que el Estado Mexicano debe hacer cambios estructurales, como diseñar un programa de formación y capacitación para el personal, contar un registro nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Sumado a ello existen algunas medidas que se dictaron específicamente para el Estado de Veracruz como fortalecer el Centro de Salud de Soledad de Atzompa (a donde acudió Ernestina pero no la atendieron), garantizar que el Hospital Regional de Río Blanco y la Fiscalía General de Veracruz cuente con intérpretes de lenguas indígenas, adaptar un protocolo que incluya las medidas adecuadas en materia de salud y acceso a la justicia en mujeres indígenas, un diagnóstico para identificar necesidades y permitan hacer una estrategia para que las personas indígenas tengan acceso a salud y justicia.
El Estado Mexicano también debe pagar una indemnización y tiene un año para rendir un informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
El caso llegó a la CoIDH por parte de familiares y asociaciones civiles, quienes han buscado justicia desde 2007.
Cuando Ernestina Ascencio fue violada multitudinariamente y recorrió centros de salud y hospitales sin una atención adecuada.
Inicialmente el Gobierno de Veracruz admitió la violación por parte de elementos del Ejército, pero el entonces presidente Felipe Calderón cambió la versión y dijo que el deceso había sido por “gastritis” negando la participación de la corporación.
Los hechos estuvieron llenos de irregularidades como la pérdida de documentos básicos que acreditaban la violación y la retención de la familia, para evitar que apelara el fallo que condenaba el caso a la impunidad.
Tras esta resolución, el Gobierno de México deberá realizar la investigación para condenar a las personas responsables, pero además hacer una serie de cambios que permitirán mejorar la salud y acceso a la justicia de las mujeres indígenas.
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