La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 16 recomendaciones al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el módulo de prisión preventiva conocido como “el penalito” de la ciudad de Veracruz.

Se trata de la recomendación 307/2023, emitida el 15 de diciembre pasado, donde se señala sobre violaciones a los derechos humanos como una estancia digna y segura, protección a la salud, alimentación; dotación de ropería, insumos de higiene personal y artículos de limpieza; trabajo y capacitación para el mismo, educación y deporte; comunicación con el exterior; y trato digno.

La CNDH presentará denuncia contra personal de seguridad y custodia de “el penalito” y dio un plazo de tres meses para emitir el decreto de creación del módulo de prisión preventiva.

“Una recomendación de 94 hojas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le dirige al maestro Cuitláhuac García Jiménez, le da 16 recomendaciones sobre el penalito, de entrada, le dice ‘dale vista al órgano de control’, luego le dice ‘oye gobernador, levanta las denuncias que tengas que levantar'”, detalló el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, quien junto con Tomás Mundo Arriasa y Jaime Téllez, del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, presentaron la queja ante la CNDH tras realizar una visita a “el penalito” en septiembre del 2023.

CNDH en Veracruz emitió 16 recomendaciones

Por su parte, el abogado Jaime Téllez señaló que 25 personas se mantienen privadas de su libertad en “el penalito” en espacios de cinco por tres metros, lo cual representa hacinamiento, además de que duermen sobre cartón.

Incluso, Téllez refirió que no hay separación entre mujeres y hombres y que ellas no tienen acceso a los elementos más indispensables de higiene.

El penalista manifestó que las personas privadas de su libertad en el penalito no tienen acceso a la salud, incluidos quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

Otra de las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el penalito lo representa el cobro que autoridades realizan por permitirles hacer llamadas telefónicas.

Jaime Téllez mencionó que el gobernador del estado cuenta con un plazo de 15 días para aceptar la recomendación y que el Congreso local puede llamarlo a comparecer en el caso de que se niegue a atender los puntos emitidos por la CNDH.

“En todas estas páginas se demuestra que el discurso del Gobierno del Estado está vacío (…) Frente a los discursos vacíos que pretenden justificar que estamos bien en temas de leyes, los hechos, y los hechos dicen que hay una violación profunda de derechos humanos”, remató.

Con información de AVC Noticias.

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