Por unanimidad, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de decreto que reforma el artículo 230 BIS del Código Financiero de Veracruz, por el cual los recursos obtenidos por la venta de alimentos en tiendas escolares del sistema público en el Estado sean destinados para la mejora y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios correlacionados.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras coincidieron con el proponente en que el 80 por ciento de los ingresos obtenidos por las concesiones sea destinado para tal fin, mientras que el 20 por ciento restante se aplique a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

El dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación y Cultura detalla que los recursos que serán destinados al mantenimiento de los espacios físicos sean recibidos y administrados por las autoridades de cada plantel y el porcentaje restante, por las respectivas jefaturas de sector, inspecciones y jefaturas de enseñanza correspondientes.

El procedimiento de licitación de las concesionarias será responsabilidad de un Comité conformado por la persona encargada de la dirección de la escuela, un representante de las y los docentes, quien presida la sociedad de padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, el inspector o inspectora escolar y quien se desempeñe como jefa o jefe del sector escolar correspondiente, y estará sujeto las disposiciones de le Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal.

Administración, distribución y comprobación de los recursos

Asimismo, la recepción, administración, distribución y comprobación de los recursos se ceñirán a las disposiciones aplicables en materia de ejercicio del gasto público, transparencia financiera, contabilidad gubernamental y revisión y fiscalización de la cuenta pública.

Las tiendas escolares deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible y demás lineamentos en la materia que fomenten estilos de vida saludables.

En su posicionamiento, el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, autor de la iniciativa, señaló que con esta resolución los directivos escolares tendrán la oportunidad de que los recursos que ellos mismos generen se use en las necesidades inmediatas de mantenimiento o remodelación de sus planteles, otorgando a los niños y niñas veracruzanos una escuela digna. “Es devolverles las herramientas y el respeto que nunca debieron perder”, puntualizó.

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