• Ante errores, la presidenta Sheinbaum plantea una revisión del registro nacional basada en el número de carpetas de investigación

La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG), creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para dar certeza sobre el número “real” de desapariciones, fue abandonada en este sexenio, por la  imposibilidad de validar la información reunida desde su inicio, en mayo de 2023.

Desde hace casi dos años, el Gobierno federal dejó de informar públicamente sobre las cifras de personas localizadas mediante la estrategia nacional; en abril de 2024 se detuvieron las visitas casa por casa en los estados para preguntar a las familias sobre sus parientes desaparecidos, y también fue desmantelado el centro telefónico desde donde se hacían llamadas para indagar sobre el paradero de  las personas ausentes. El tema salió de la agenda pública. 

En la “mañanera” del pasado 14 de noviembre, Sheinbaum sorprendió con el anuncio de una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que nutren principalmente las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda, y que en la actualidad supera las 133,000 víctimas, cuyos resultados debían ser presentados antes de finalizar el año, y ahora se espera que sean dados a conocer en los próximos días. El 18 de diciembre, también desde Palacio Nacional, la mandataria precisó que la actualización de este instrumento, que administra la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), incluirá cuántas personas han sido localizadas, cuántas permanecen desaparecidas, cuántas tienen una carpeta de investigación, cuántas son ausencias voluntarias, y cuántos casos se relacionan con la delincuencia organizada. 

“Ahora, por ley”, dijo Sheinbaum, “solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación; precisamente, por este tema de que se registraba un nombre y no había datos adicionales, […] ni tampoco quién la había subido a la plataforma”. 

La revisión del registro nacional, indicó la presidenta, es resultado de las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas el pasado junio —tras las mesas encabezadas por la secretaria Rosa Icela Rodríguez que la Segob organizó con colectivos de familiares—, que contemplan la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas en tiempo real, al cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como registros administrativos, la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el propio RNPDNO. 

El fin de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, conocida como el “censo” de AMLO, se fraguó en una sala de juntas de la CNB, donde se reunieron en junio de 2024 funcionarios de la Secretaría de Bienestar (SB) encabezados por su titular, Ariadna Montiel, y de la comisión nacional —entonces dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún—, representada por el director general de Acciones de Búsqueda, Carlos Alberto Reyes Campos, para revisar y validar la información que se había generado en el censo, según aseguraron dos extrabajadores del organismo que estuvieron presentes y pidieron omitir su nombre. 

Estas dos instancias fueron las encargadas de procesar los datos recabados en las visitas casa por casa, realizadas por integrantes de las comisiones de búsqueda estatales y por servidores de la nación. Las respuestas a los cuestionarios sobre el paradero de la persona desaparecida posteriormente eran escaneados y digitalizados. El objetivo final era depurar el RNPDNO, que cuando fue anunciado el censo sumaba más de 110,000 víctimas.

Ese día de junio de 2024, tres meses antes de que acabara el sexenio de AMLO, los funcionarios de la CNB descubrieron que se habían perdido centenares de cuestionarios, y que la SB había copiado a mano la información digitalizada en nuevos formatos, con el propósito de que pudieran ser validados en la etapa de revisión. Pero se presentaron una serie de cuestiones que invalidaron la información, y la estrategia no se retomó.

Imágenes de las jornadas de búsqueda casa por casa presentadas en el informe de marzo de 2024. (Presidencia)

Los cuestionarios habían sido escaneados para que pudieran ser cotejados con los documentos en papel, pero debido a que muchos se habían perdido, dice una de las fuentes, “lo que hicieron [en la SB] fue copiar la información que ya tenían digital en un [nuevo cuestionario o] formato físico.

Para Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Fundar México, la ENBG fue poco clara desde el principio; el hecho de que inicialmente fuera anunciada como un censo daba una idea de cómo toda la discusión se centraba en las cifras.

Los homónimos, personas con el mismo nombre, fueron un problema recurrente al que se enfrentaron quienes salían a campo, pues las listas que les proporcionaron no contenían en un inicio la fotografía de las personas desaparecidas, lo que dificultaba el trabajo. 

La instrucción presidencial de “actualizar” el registro nacional contribuyó a la renuncia de Karla Quintana a la CNB en agosto de 2023. 

Su sucesora, Reyes Sahagún, retomó la ENBG, y continuó con una metodología que consistió en comparar el registro nacional con bases de datos administrativas (como programas sociales, vacunación por covid, IMSS o el padrón del INE) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.  

También se implementó una búsqueda masiva “casa por casa” y por llamadas telefónicas.

A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab informaron sobre la clasificación errónea de decenas de casos.

Luisa María Alcalde explicó, cuando era secretaria de Gobernación, en qué consistía la formalización de las localizaciones. (Presidencia)

Escaso avance

La última actualización del llamado censo de AMLO fue en marzo de 2024, aunque el expresidente había asegurado que los avances se informarían mensualmente. Entonces, durante una conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, aseguró que se habían localizado 20,193 personas —aún en proceso de formalizar—. La mitad, 10,717, pudo ser ubicada por la información de autoridades locales, y el resto, por las visitas casa por casa (4,656), por informes de defunción (4,629), y por hallarse en centros penitenciarios (191).

El proceso para formalizar una localización consiste en integrar la prueba de vida al expediente de búsqueda o carpeta de investigación, registrar la localización en las bases de datos —federales y estatales—, e informar a la persona denunciante. 

En abril de 2025, iniciado el sexenio de Sheinbaum, la Segob informó, según datos solicitados vía Transparencia, que, como resultado de la estrategia, tenían 24,433 registros de personas localizadas, apenas un avance del 21% con respecto a las cifras de marzo de 2024. Pero nuevamente no aclaraba cuántos casos se habían formalizado. Informó también sobre 18,653 registros con indicios de vida o fallecimiento, sin desagregar las cifras.

En otras clasificaciones, los 36,022 registros con identidad, pero sin datos para la búsqueda, reportados por el gobierno en diciembre de 2023, se incrementaron en abril de 2025 a 46,012 (28%), y el número de 26,090 personas sin identidad confirmada disminuyó a 10,915 (58%). 

En una nueva solicitud de Transparencia, la Segob informó que, desde 2022 hasta el 2 de abril de 2025, 11,380 registros, poco más de la mitad del total de localizaciones informadas en marzo del año anterior, habían cambiado su estatus en el RNPDNO a personas localizadas con vida, y que 2,059 registros correspondían a personas localizadas sin vida.

Carlos López Buburrón, investigador en el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), considera que, para López Obrador, la CNB no dio los resultados que esperaba.  

Observa que, al tiempo que bajaron los homicidios dolosos en el país —hasta el 37%, según las últimas cifras del Gobierno federal.

En las semanas previas a la reunión de junio de 2024 había una gran presión de Carlos Alberto Reyes, el directivo de la CNB, para que se validaran los cuestionarios.

En un chat de WhatsApp creado en abril de ese año por Reyes, el equipo del organismo tenía que informar sobre las actualizaciones en cada estado: el número de expedientes revisados, los documentos faltantes, si la información había sido validada. 

Según los reportes de varios integrantes del equipo —a los que tuvo acceso este medio—, los casos no podían ser validados porque faltaban pruebas de vida, o porque el expediente no estaba completo o no contaba con los “documentos físicos”.

De hasta mil registros, los trabajadores de la CNB solo podían validar cuatro, debido a los errores o falta de datos, ejemplifica uno de los extrabajadores, que participó en esa etapa. “Ante eso se planeó instalar un nuevo call center para conseguir la información faltante, pero nunca se llevó a cabo”. 

Otro problema que enfrentaron fue que los servidores de la nación, cuando encontraban a personas con una ficha vigente de desaparición, no lo informaban.

Lo único que solicitaba la SB era que el registro de desaparición fuera dado de baja del RNPDNO

En uno de los mensajes del grupo de WhatsApp, un integrante del equipo del organismo pide que se den a conocer los criterios para registrar a una persona como “localizada con vida”, pues aunque se ha especificado por qué no puede modificarse el estatus en el RNPDNO, “los registros fueron cambiando”.

La validación de datos de la CNB permitió detectar casos en los que no era posible concluir que una persona hallada en una visita era la misma que tenía el reporte de desaparición. Sucedió, por ejemplo, con menores que eran buscados con datos surgidos de credenciales de elector, que por su edad no podían haber expedido.

“El plan era que se iba a regresar toda esa información a la Secretaría de Bienestar para que volvieran a entrevistar en las casas y consiguieran la información que faltaba o era errónea”, dijo uno de los extrabajadores de la CNB. Pero esto nunca se concretó. 

Inicialmente, quienes acudían a las visitas casa por casa no habían sido capacitados, lo que se tradujo en numerosas quejas; esto cambió cuando en la CNB se elaboró una guía sobre cómo abordar a los familiares y se dejó de acudir a los domicilios con elementos de la Guardia Nacional (GN).

El centro telefónico o call center instalado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para preguntar a familiares si las personas desaparecidas habían regresado a casa también fue reportado. Integrantes de la GN, asignados para hacer las entrevistas y carecían también de capacitación para hablar del tema, señaló una persona que trabajaba en esa área, quien pidió no ser identificada. A veces, como reportó este medio, las llamadas generaban sospechas.

Costo político

El 29 de octubre de 2024, poco después de asumir la presidencia, Sheinbaum dijo que seguiría con la estrategia nacional, que fue diseñada durante su periodo como jefa de gobierno en la Ciudad de México, y que  adoptó AMLO para todo el país después de que la hoy mandataria presumió el resultado de las primeras jornadas realizadas en la capital en 2022. “Esta metodología la vamos a seguir”, afirmó.

Cuando el Gobierno federal dio a conocer la última actualización de cifras en marzo de 2024, la Ciudad de México presumía las tasas de éxito más altas: 3,080 personas localizadas de un total de 7,416 casos. Actualmente, el RNPDNO registra 7,551 personas desaparecidas, más que  la cifra inicial.

López Buburrón, del Colmex, considera que esta administración apostó por una serie de reformas legales que coinciden con la activación del artículo 34, anunciada en abril por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por considerar que las desapariciones en el país ocurren de manera generalizada y sistemática. Tras analizar la respuesta del gobierno mexicano, el organismo podría llevar el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas.

En Palacio Nacional se vieron obligados a abordar el creciente número de desapariciones, agrega, tras el descubrimiento el pasado marzo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En este centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación se encontraron cientos de prendas y zapatos, presuntamente pertenecientes a jóvenes que eran reclutados o atraídos con propuestas falsas de trabajo para después ser obligados a unirse a las filas del grupo criminal y, si se negaban, eran asesinados. 

Ese hecho generó diversas movilizaciones y protestas en el país, donde la imagen de los zapatos sobre el asfalto se convirtió en un símbolo de las desapariciones, y las imágenes del rancho Izaguirre trascendieron a nivel internacional. 

Reemplazar al RNPDNO

La afirmación de Sheinbaum de que solo serán consideradas personas desaparecidas quienes tengan abierta una carpeta de investigación significa para el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), centrar la problemática en la labor del Ministerio Público. 

“Al final, es la política de buscar que en todos los casos solamente se contabilicen los expedientes penales para registrar los números en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que va a ser empleada, de facto, como una forma de reemplazar al RNPDNO”. 

La imposibilidad de validar la información reunida, debido a la pérdida de documentos y falsificaciones de firmas, obligó a cancelar la ENBG. (Óscar Guerrero/Cromática/ObturadorMX)

Alerta también sobre el hecho de que aquellas familias que recurrían a las comisiones locales de búsqueda para denunciar una desaparición, podrían quedarse sin esa posibilidad, al igual que las familias de personas migrantes, que denunciaban su ausencia en los consulados o la propia cancillería. 

La desconfianza, agrega, aumenta la posibilidad de un subregistro en el RNPDNO, al igual que depender de una carpeta de investigación para contabilizar a una persona desaparecida, ya que algunas fiscalías locales se niegan a recibir denuncias. 

Ante el anuncio de Sheinbaum, madres buscadoras del Grupo Vida como Silvia Ortiz, señalan que el problema es de origen, pues los registros no contienen los datos completos. Su temor es que, por esta falta de datos, tengan que iniciar desde cero la investigación, y los casos de larga data queden en el olvido. 

Durante la “mañanera” del pasado día 18 de diciembre, la presidenta dijo que muchos de los casos “históricos” de desaparición no se relacionan con la delincuencia organizada y menos aún son causados por el Estado. “Hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares”, aseguró, “pero las familias, obviamente, los reportan como ´desaparecidos´ porque no se comunican con ellos”. 

Si bien el término de ausencia voluntaria existe en el Protocolo Homologado de Búsqueda, agrega el abogado, el temor se centra en el cierre de carpetas de investigación ante la falta de pruebas aportadas por familiares, a eso se le suman los contextos de personas que no pueden denunciar por razones de inseguridad, violencia, e incluso falta de traductores en comunidades indígenas.

Hace unas semanas fue aprobado el nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda, que integra las nuevas herramientas establecidas en las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones. El documento, según reportes periodísticos, obliga a los ministerios públicos a iniciar una investigación cuando reciban el reporte de una desaparición, y a realizar análisis de contexto en los casos de larga data.

Por Redacción de A dónde van los desaparecidos

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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