Se deben reconocer avances en seguridad, a un año del gobierno federal, pero también retrocesos en materia judicial, que no se pueden ignorar, dijo Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El entrevistado dijo que los empresarios reconocen la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno, que es renovada y también reforzada para enfrentar al crimen organizado.
Además, persiste la apertura al diálogo con los empresarios para incentivar la inversión y el empleo. Se mantiene relación cercana con Estados Unidos y otros países, así como el nuevo Plan Pemex, que abre la puerta a la inversión privada, y a la estabilidad financiera. Destacó también el aumento del salario mínimo que contribuye a reducir la pobreza.
“Pero también advertimos retrocesos que nos inquietan como la reforma judicial y la elección de jueces y magistrados con una mínima participación ciudadana, así como la desaparición de organismos autónomos y la concentración del poder en el ejecutivo que debilita la democracia”, comentó.
Empresarios en Veracruz reconocen la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno federal
Agregó que hace falta atender la desaceleración económica y el empleo que limitan el crecimiento, así como combatir realmente a la corrupción. También señaló que persiste una crisis en salud que mantiene a más de 44 millones de personas sin acceso a servicios médicos y sin medicamentos.
Pese a ello hay oportunidades claras ya que la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como la relocalización de empresas pueden traer inversiones estratégicas y detonar empleo formal si se garantiza seguridad, energía y certeza jurídica. A su parecer, debe fortalecerse a la nueva cultura salarial que ya redujo la pobreza a través de empleos formales.
Puntualizó que desde Coparmex tienen propuestas concretas, como fortalecer el Estado Derecho, garantizar seguridad y paz social, priorizar el combate a la corrupción, impulsar la inversión en salud, incentivar la educación con enfoque en la calidad y aprendizaje, consolidar el diálogo tripartita y replantear la reforma judicial.
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