Tras siete meses de permanecer en una prisión injustamente y ser torturada, Maribel recobró su libertad pero ahora pide justicia por lo que le hicieron.
La tortura de Maribel comenzó el 5 de febrero cuando elementos de la Policía ingresaron a su casa en Rafael supuestamente en búsqueda de droga, pero al no encontrar nada la golpearon hasta hacerla perder el conocimiento y la detuvieron.
“En la camioneta me estaban torturando, tres policías, me tenían esposada (…) me llevan a Fiscalía (…) me esposan de las manos y los pies, me sientan de espalda y me estaban golpeando de nuevo policías y me estaban obligando a decir que yo consumía droga y que yo vendía droga, me obligaban a que yo firmara un papel”, señaló.
Explicó que los policías sacaron de su maleta las bolsas de marihuana que supuestamente le encontraron pero que eran falsos. La ingresaron al penal de Amatlán de los Reyes y le negaron el derecho de tener un personal de defensa.
A Maribel la procesaron por delitos contra la salud violando los procesos penales debidos y sometiéndola a tortura física y psicológica reiterada.
“Casi siete meses que estuve detenida en la cárcel porque tampoco me permitieron, no me dieron derecho a un abogado (…) no querían que nadie me viera porque se veía el daño que me habían hecho, también me dieron toques eléctricos en las piernas y en las manos”, indicó.
Maribel recobró su libertad luego de permanecer en prisión 7 meses; fue acusada injustamente de delitos contra la salud
Jesús Urbina Montero, su abogado e integrante de la Brigada Nacional e Internacional de Derechos Humanos, indicó que estuvieron mes y medio solicitando el acceso a la carpeta de investigación para conocer cuál era la acusación.
Dijo que aunque un juez federal reconoció la tortura, la Fiscalía General del Estado continuó con la imputación, lo que prolongó la estancia en prisión y la tortura.
“No debió haber estado un solo día en prisión, ni un solo día”, sentenció.
Ahora, que finalmente se encuentra en libertad, dijo que el caso no debe ser cerrado sino que se requiere investigar y sancionar a las personas que estuvieron involucradas en la tortura y criminalización así como garantizar la seguridad de ella y de todas las personas que la han apoyado.
“Aunque Maribel ha recuperado la libertad, su caso ha quedado como ejemplo de los abusos y deficiencias del sistema de procuración de justicia en Veracruz. Para sus defensores, se trata de un símbolo de resistencia frente a la tortura, la impunidad y la persecución de mujeres en situación vulnerable”, indicó.
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