Antonio Martínez Dagnino, titular de la Agencia Tributaria (SAT), presentó un informe sobre los 17 juicios fiscales de las cuatro compañías del empresario Ricardo Salinas Pliego.
Según el organismo, los retrasos suman 63 mil millones de pesos con renovaciones y recargos, la mayoría de los cuales son negligencias de gobiernos anteriores y el 90 por ciento corresponde a la implementación de la figura de consolidación presupuestaria perdida en 2013.
Martínez Danigno explicó que el SAT no evalúa por nombres la situación de las empresas, sino sus actividades contables y financieras relacionadas con el pago de impuestos.
Dijo que Grupo Salinas pagó 4,868 millones de pesos correspondientes a este sexenio: 2,096 millones resultado de diversas auditorías y 2,772 millones de pesos de resolución.
No obstante adeuda una cantidad de 53 millones de pesos con respecto a ejercicios pasados.
Inicialmente, el monto encontrado por el SAT fue de 38 mil millones de pesos, pero luego de ajustar por inflación y costos adicionales, este aumentó a 53 mil millones de pesos.
Además, durante esta administración el SAT otorgó créditos fiscales por 10 mil millones de pesos al grupo y terminó tomando un crédito de 63 mil millones de pesos.
Grupo Salinas utilizó estructuras legales y corporativas para competir y retrasar la emisión de la decisión final que le obligaría a pagar impuestos. La empresa tenía derecho a pagar impuestos desde marzo de 2014 y en noviembre de 2015, el SAT revisó el asunto.
La compañía no estuvo de acuerdo, e interpuso recurso de nulidad, el cual perdió. Luego presentó un recurso de Amparo, que intentó resolver en el Tribunal Colegiado en 2021, pero la decisión fue suspendida temporalmente porque la empresa pidió al Tribunal Supremo que hiciera uso de sus poderes extraordinarios para resolver.
La fiscal Grisel Galeano, dijo que Grupo Salinas ha agotado por completo sus recursos legales. Por lo tanto, se espera que la naturaleza del asunto de este juicio se resuelva dentro de los 120 días posteriores a que la SCJN decidiera en enero pasado remitir el caso al Tribunal Colegiado.
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