Aunque no se tiene un registro exacto del número de indígenas que están encarcelados injustamente en el estado de Veracruz, por ser las principales víctimas de la prisión preventiva, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., en coordinación con los pueblos originarios indígenas de Veracruz, se coordinarán para buscar su pronta liberación.

El gobernador de los pueblos originarios indígenas de Veracruz, Ignacio Romero López, aseguró que, para lograrlo, cuentan con la asesoría del abogado Tomás Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C.

“Seguimos luchando, pero lamentablemente se nos cierran las puertas, nos encontramos a una barra de abogados que la encabeza el señor Tomás Mundo, que se ofreció para poder ayudarnos y trabajar en conjunto, porque hay mucha gente encerrada injustamente por no saber defenderse por hablar una lengua y no saberse expresar y no les ponen un traductor ni nada, por eso decidimos sumarnos para poder liberar a unos hermanos originarios indígenas, encerrados injustamente”, comentó.

Detalló que en la zona de Zongolica es donde existen un mayor número de casos.

El entrevistado aseguró que iniciarán con la revisión de los expedientes de reos indígenas, para conocer la causa que ha provocado que permanezcan en la cárcel.

De ese análisis se pretende tener una claridad de cuántos son los hombres y mujeres indígenas que están presos injustamente, quizás por la falta de recursos económicos para tener un abogado que los defienda.

Activistas y el Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., buscarán liberación de presos indígenas

“En este momento vamos a empezar a hacer un análisis del porque están encerrados y cuál es la cantidad exacta que vamos a poder trabajar en ello, para primeramente Dios, sacar libres a esas personas”, comentó.

Detalló que entre las irregularidades que se han detectado es que son enjuiciados por no poder expresarse claramente, es decir, un gran porcentaje de ellos, no hablan el idioma español, solo dialecto.

Además, no cuentan con un asesoramiento jurídico que les sirva de respaldo.

“Muchas veces sus madres o padres, demás familiares son tratados mal, o les cierran las puertas, por no saber expresarse o por no tener dinero para poder pagar un abogado”, comentó.

“Se les da un mal trato, no se les da agua, se les deja sin alimento, los que se les otorgan no son suficientes para sobrevivir, es la información que hemos recibido, hay gente que quiere defenderse y han sido golpeados, para que dejen de hablar, primero les dan una golpiza para que estén quietecitos”, comentó.
Despendiendo de las acusaciones que tienen, son los años de cárcel que han permanecido sin haber tenido un juicio justo o haber sido procesados conforme a la ley.

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