Por caso de tortura, CNDH emite recomendaciones a gobierno guerrerense

La persona fue presuntamente sometida a agresiones físicas graves en el penal de Acapulco, donde “le arrancaron la uña del dedo gordo del pie derecho y le colocaron agujas en el pecho y en el pene".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 87/2019 al gobernador y al fiscal del estado de Guerrero, Héctor Astudillo y Jorge de los Santos, respectivamente, por no haber aceptado una Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, relacionada con un caso de tortura.

En un comunicado de prensa, el organismo público señaló que se trata de un episodio ocurrido en 2016, en el cual una persona fue sometida a agresiones físicas graves al ser internada en el penal de Acapulco, donde “le arrancaron la uña del dedo gordo del pie derecho, y le colocaron agujas en los pechos y en el pene”.

De igual forma, la comisión acreditó que, tras salir del la cárcel bajo caución, dicha persona fue recapturada y golpeada por elementos ministeriales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes lo trasladaron al Sector Central de la Policía Ministerial, donde también fue agredido físicamente.

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Sumado a lo anterior, el organismo documentó que la CDHEG “emitió una resolución sobre este caso sin realizar una investigación exhaustiva y sin haberse allegado de elementos probatorios que acreditaran la responsabilidad en la que incurrió personal del Centro de Readaptación Social de Acapulco”.

La CDHEG no le realizó un estudio sicológico completo a la víctima para determinar si había experimentado sufrimientos mentales, y elaboró un informe médico sin describir el mecanismo de producción de cada una de las lesiones que presentaba.

Cuando finalmente la CDHEG le dirigió una Recomendación a la Fiscalía del estado sobre este caso, dicho organismo no la aceptó, al argumentar que cuando su personal detuvo a la víctima, ésta ya se encontraba golpeada.

La CNDH le recomendó al Gobernador de Guerrero reparar el daño a la víctima, incluyendo asesoría jurídica, atención médica y psicológica, y al fiscal le solicitó capacitar a su personal en materia de estándares internacionales que prohíben los actos de tortura y malos tratos.

Con información de La Jornada