Constancia de Winckler sin validez oficial

En la Constancia, la sicóloga hace constar que Winckler Ortiz Jorge realizó proceso de evaluación y control confianza con fecha 24 de agosto de 2019, o sea dos días antes de que la presentara ante la prensa.

Foto: Agencias

La acción de inconstitucionalidad promovida por diputados panistas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la separación de Jorge Winckler como Fiscal General del Estado, está sustentada en un documento sin validez oficial.

El martes 17 de septiembre, 17 legisladores panistas veracruzanos presentaron ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad, acompañado de las supuestas pruebas con las que pretenden acreditar que, en el acuerdo legislativo sobre la separación del cargo de Jorge Winckler se violentó la Constitución.

El legajo de pruebas presentadas por los diputados panistas contiene la famosa “Constancia”, que no es más que un oficio-constancia sin validez oficial, pues fue expedido por una sicóloga subordinada de Jorge Winckler Ortiz.

El pasado 3 de septiembre, aun en el cargo de Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz presentó en conferencia de prensa la “Constancia”, asegurando que contaba con la acreditación de haber cumplido con los procesos de control de confianza que se requieren para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado (FGE).

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Sería una constancia de fecha 26 de agosto de 2019 expedida por la sicóloga Sandra Concepción Sánchez Guevara, Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General de Veracruz, al ser la sicóloga una subordinada de Winckler Ortiz, el documento no contaría con validez oficial.

En la Constancia, la sicóloga hace constar que Winckler Ortiz Jorge realizó proceso de evaluación y control confianza con fecha 24 de agosto de 2019, o sea dos días antes de que la presentara ante la prensa.

Se puede concluir que el documento no tiene una validez oficial, toda vez que las evaluaciones de altos mandos de las instituciones de seguridad pública (como Procuradores, Subprocuradores, Fiscales y Fiscales Especiales) deben ser evaluados únicamente en Centros Federales acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es probable que la controversia sea desechada por magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues evidentemente se trata de una constancia que no acredita formalmente la revalidación del certificado de confianza que se requiere para ostentar el cargo de Fiscal General del Estado.

Si eso ocurre, los diputados panistas que promovieron el recurso ante la SCJN podrían incurrir en algún tipo de responsabilidad, pues estarían recurriendo a una controversia constitucional con un documento sin validez.

Cabe recordar que desde el 3 de septiembre, Jorge Winckler fue separado del cargo de Fiscal General del Estado, temporalmente, por no haber cumplido en tiempo y forma con la revalidación de su certificado de confianza.

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