Otorgan amparos para posesión, transporte y uso de cocaína en México

México Unido Contra la Delincuencia dijo que este caso constituye un paso más en la lucha por construir políticas de drogas alternativas

Foto: Agencias

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) informó que un juez otorgó a integrantes de la organización dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio.

En un comunicado, la asociación civil indicó que lo anterior se dio como parte de una estrategia legal con la que MUCD busca terminar con la “guerra contra las drogas”.

Explicó que estas decisiones “son relevantes por ser las primeras en su tipo, detonar nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intensión del gobierno actual de reformular el combate a las drogas”.

Agregó que según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública”.

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Por lo anterior, MUCD señaló que el gobierno estaría planteando “levantar la prohibición de las (drogas) que actualmente son ilícitas”.

“Este caso constituye un paso más en la lucha por construir políticas de drogas alternativas que permitan reorientar los esfuerzos de seguridad y atender mejor la salud pública“, añadió.

Lisa Sánchez, directora de la organización, insistió en la necesidad de no criminalizar a usuarios de otras drogas que no son la mariguana y “diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación”.

MUCD puntualizó que pese a que dichos amparos no legalizan la cocaína ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado, “son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno drogas por parte del poder judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión“.

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