Ordenan al gobierno de Veracruz transparentar compra de patrullas

El IVAI indicó que se deben dar a conocer todos los documentos relacionados con la adquisición de 160 patrullas que tuvieron un costo, en promedio, de 1.3 millones de pesos cada una.

Por Arturo Ángel/Animal Político

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, que transparente todos los documentos relacionados con la adquisición de 160 patrullas que tuvieron un costo, en promedio, de 1.3 millones de pesos cada una. Entre los documentos que deben abrirse está el presunto estudio de mercado y el contrato firmado.

Lo anterior luego de que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), intentó clasificar como reservados, de forma indefinida, los documentos de este procedimiento.

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El IVAI resolvió lo anterior tras analizar en conjunto los recursos de queja que promovieron ocho solicitantes de información, entre ellos Animal Político, y en el que se requerían múltiples documentos relacionados con este procedimiento.

En el caso de este medio se había pedido desde la información que pruebe que hubo una convocatoria, hasta los estudios de mercado sobre los costos de las patrullas, las cartas de invitación a los proveedores, el fallo, la justificación de la adjudicación directa y su aprobación, el contrato y sus anexos, entre otros.

Tanto la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, así como la Contraloría de la entidad, iniciaron investigaciones relacionadas con este procedimiento, luego de que se hicieran públicas diversas denuncias por presunto sobreprecio de las unidades, acompañadas de documentos que mostraban que unidades similares se habían adquirido el año pasado, a mitad de precio.

Fue justo el argumento de que había una investigación, sumado al que era un tema de “seguridad”, el que intentó usar la Secretaría de Seguridad Pública local para no dar a conocer la información, hecho que el IVAI desestimó.

Incompletos y falsos, argumentos de SSP

La resolución del IVAI, aprobada de forma unánime por sus tres consejeros, concluyó que el gobierno de Veracruz, a través de la SSP, intentó cerrar el contrato y demás información de este procedimiento con argumentos que eran inadecuados, que no estaban bien sustentados, o que de plano eran falsos.

De entrada, la resolución destaca que la Secretaría de Seguridad y su comité de transparencia se dedicaron a exponer una serie de argumentos legales que, desde su punto de vista, impedían transparentar la información. No obstante, omitieron hacer la denominada “prueba de daño”, que exige la ley, y que consiste en argumentar punto por punto por qué se justifica la aplicación de dichos argumentos legales, y por qué es mejor ocultar datos públicos que revelarlos.

Lo anterior sucedió, por ejemplo, con el argumento de que el contrato no podía transparentarse porque forma parte de una investigación ministerial a cargo de la Fiscalía, y por lo tanto es información correspondiente a una averiguación previa, que por ley es información reservada.

Sin embargo, los consejeros hicieron notar que el sujeto obligado, es decir la SSP, no explicó qué parte de todo el procedimiento forma parte de dicha averiguación, y ni siquiera les preocupó dar referencias mínimas que permitan acreditar que dicha averiguación existe, así como el número de la carpeta y su fecha de apertura.

“En todos los casos debe acreditarse la existencia de cada uno de los supuestos que se hacen alusión en la reserva, esto es, si indica que la información puede obstruir la persecución de los delitos se debe identificar de manera clara la existencia de un proceso penal, que se encuentre íntimamente vinculado; lo mismo ocurre con las otras hipótesis, no solamente basta indicar que se actualiza el supuesto, sino que el sujeto debe acreditar de manera fehaciente por qué se actualizan esas hipótesis, lo que aquí no ocurrió”, dice la resolución.

A ello se suma la exposición hecha por la SSP de argumentos imprecisos o falsos. Por ejemplo, la dependencia dijo que revelar los datos del procedimiento podría afectar el “procedimiento deliberativo” de una decisión en curso, citando el artículo de la ley que contempla esta cláusula de reserva.

Sin embargo, los consejeros hicieron ver que lo anterior no es real, puesto que hay un hecho notorio, reconocido incluso por la propia dependencia en otras respuestas entregadas parcialmente, respecto a que este proceso de adquisición ya estaba cerrado, que ya se había firmado el contrato, al punto en que las patrullas ya se entregaron. Por tanto no hay ningún proceso deliberativo en curso.

A lo anterior se suma la aseveración, también sin fundamento, que hizo la Secretaría de Seguridad respecto a que “no era posible” elaborar versiones públicas de los documentos que Animal Político y otras personas solicitaron.

“La Secretaría vulneró el derecho al acceso a la información al indicar que no era procedente la entrega de la versión pública de la información, afirmación que es contraria a lo establecido en el último párrafo del artículo 68 de la ley de Transparencia de la entidad, que indica que se deben preparar versiones públicas de todos los documentos”, señala la resolución.

Por si fuera poco, los consejeros también advirtieron que el gobierno local perdió de vista que lo que se solicita son documentos relacionados con un procedimiento de adjudicación directa y que, por ende, es información que debería de haber transparentado de forma proactiva, sin que siquiera medie solicitud de por medio.

Con todo este contexto, el pleno del IVAI consideró procedente declarar fundados todos los recursos de queja interpuestos, y revocar las actas del Comité de Transparencia de la SSP en las que se clasificó como reservada la información relacionada con el proceso de adquisición de las 160 patrullas.

Estudio de mercado y contrato, entre otros

En su resolución, el IVAI determinó que la SSP está obligada a entregar la mayor parte de la documentación relacionada con el procedimiento de adquisición de las 160 patrullas, aun cuando se haya tratado de un procedimiento de adjudicación directa y no de una licitación pública.

Entre los documentos que deberá proporcionar, y que fue requerido por este medio en la solicitud de información presentada, se encuentra el estudio de mercado que tuvo que haberse realizado para que el Estado pudiera elegir el costo de mayor beneficio para el erario público.

“El sujeto obligado deberá pronunciar si se llevó a cabo un estudio de mercado respecto a la adquisición de las patrullas, o si en su caso el mencionado estudio se encuentra contemplado en los documentos que se generan por ley, esto es que se encuentren contenidos en la solicitud realizada por la Unidad Administrativa para la realización del procedimiento de adjudicación en lugar de licitación, mismo que deberá entregarse también”, indica la resolución.

La SSP también deberá entregar copia del contrato firmado, los anexos técnicos, las facturas emitidas de pago, los oficios de fallos, y lo demás que fue solicitado. En el caso de que la dependencia considere que hay información reservada, esta deberá argumentarse y sustentarse conforme lo que marca la ley, y no como se quiso hacer de manera jerárquica.

Pero aun cuando existan datos clasificados, el IVAI ordenó que se elaboren versiones públicas de cada uno de los documentos, que solo se cubran los datos sensibles, y que en este caso, a juicio del Instituto solo deberían ser las características del blindaje y equipo tecnológico equipado en las patrullas.

Finalmente, el Instituto determinó que esta información deberá transparentarse en un plazo de cinco días hábiles que, en el caso de la solicitud promovida por este medio, vence el próximo lunes.

Compra polémica

Animal Político publicó el pasado 13 de julio que en el proceso de adquisición de estas patrullas hay datos opacos, inconsistentes y contradictorios. Ello sumado a posibles irregularidades que incluso dieron paso ya a la apertura de una investigación administrativa, e incluso una de tipo penal a cargo de la Fiscalía estatal.

Entre las anomalías que se pudieron documentar se encuentra, por ejemplo, que en una respuesta vía transparencia la SSP informó, sin documento que lo sustente, que en la adquisición de las patrullas hubo dos procedimientos: uno de licitación donde habría ganado una empresa de nombre Automovilística Andrade S.A. de C.V., y también uno de adjudicación directa donde se escogió a Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V.

Tampoco queda clara la inversión realizada, ya que en la respuesta oficial proporcionada se indicó que se arrendó cada patrulla por poco más de 42 mil pesos. Y si se toma en cuenta el periodo de cobertura del contrato, la inversión total ascendería a 245 millones de pesos, que son casi 40 millones de pesos más que lo informado en el evento de presentación de las patrullas por el gobernador Cuitláhuac García.

Pero aun cuando se tome en cuenta la cifra inferior dada por el gobernador, de todas forma significaría que cada patrulla se rentó por un costo total de 1.3 millones de pesos, cantidad que, por ejemplo, duplica la pagada en Sonora un año antes para adquirir un vehículo prácticamente idéntico.

En dicho contexto es que se ordenó la apertura de las investigaciones en curso. El gobernador ha sostenido que no existió irregularidad alguna, y que incluso se terminó pagando un precio inferior al del mercado.

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