Baja California: ¿experimento de AMLO en busca de su reelección?

El martes pasado sucedió algo que nadie se esperaba...

José Luis Camacho Acevedo

Además de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, la detención del abogado Juan Collado y las alucinógenas declaraciones del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el martes pasado también sucedió algo que nadie se esperaba.
El martes negro para unos y deslumbrador para otros se llevo a cabo otro acontecimiento en el norte del país, el Congreso de Baja California alargo la mini gubernatura de dos a cinco años, a pesar de que sus ciudadanos salieron a votar por lo primero. Sin embargo, a la legislatura local les valió sorbete y tomaron la decisión que más acomodo a sus intereses.

La ampliación fue aprobada en el Congreso local, con 21 votos a favor, en donde el PAN es mayoría, le sigue el PRI y Morena tiene solo 3 diputados, el diputado del PBC (partido local) simplemente no acudió a la sesión. Solo el diputado panista Miguel Osuna votó en contra.
Los municipios de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito aprobaron la ampliación del periodo, algunos cabildos se reunieron incluso en la madrugada para que nadie lo notara.

El líder nacional del PAN Marko Cortes dijo que expulsarán a los 9 diputados panistas que votaron a favor. Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky dijo en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola que la ampliación de mandato para el gobernador de Baja California obedecía a una petición de la ciudadanía, ya que dos años son pocos.

El gran beneficiado es Javier Bonilla, un incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya se deslindo de la reforma y afirmó que no intervino en la operación política, y que mucho menos hubo línea de la Presidencia de la República.
Pero no todos están convencidos de dhicas afirmaciones, algunos aseguran que esta acción es un atropello a la democracia y una apertura paulatina a un posible reelección del primer mandatario.

Uno de los personajes más indignados con la medida, es el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, quien dijo que esta acción abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en el país.

En un texto publicado en el diario La Jornada aseguró lo siguiente:
“Con esta resolución se atropella la voluntad ciudadana, se viola la ley en su espíritu y letra (por más que el voto legislativo se haya dado según procedimientos establecidos en la ley local), se rompe el orden republicano y se lesiona gravemente nuestra aún incipiente democracia”.

Además de pedir Cárdenas que los 21 diputados sean sancionados por sus respectivos partidos de acuerdo a sus estatutos, exigió en su calidad de ciudadano que:
“Abandonen sus cargos los 21 diputados que votaron aprobando la reforma, sean política y, en su caso, penalmente sancionados, y sean ya sustituidos por sus respectivos suplentes… Y que intervenga el Senado para restablecer el orden republicano y democrático en Baja California”.

Y finalmente recalcó: “La inocencia no es creíble en este caso. El mandato de una elección democrática debe ser inamovible”.
Por su parte, el INE ya advirtió que Congreso de Baja California viola el Estado de derecho.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega, hizo lo propio y dijo que no publicará en el Periódico Oficial la derogación del artículo Octavo del decreto 112.
Pero todo parece indicar que será el Tribunal Electoral el encargado de “resolver” la polémica por la reforma constitucional del estado de Baja California.
Es esta maniobra política: ¿un experimento de AMLO en busca de su reelección?

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