¿En dónde estamos fallando?

Foto: Ilustrativa

Más allá de cifras, estadísticas y proyecciones que nos dan pauta para establecer políticas públicas con respecto a fenómenos sociales que se presentan en nuestro país, el hecho de enfrentarnos a la crueldad de un delito como es el secuestro, y derivado de él el asesinato, cimbra la estructura social y las instituciones que dan marco legal a nuestra convivencia social.

A través de los medios de comunicación hemos sido testigos de escenas desgarradoras frente al secuestro y homicidio de un joven estudiante de 22 años, Roberto Ronquillo Hernández, quien se encontraba a tan solo unas horas de recibir su título universitario. Una madre emocionalmente destrozada, un hermano desesperado, una novia destruida, una comunidad universitaria desconcertada que lloraba la ausencia del compañero, del amigo, y un país entero perturbado ante una realidad que rebasa con mucho la armonía que debe estar presente en nuestra vida cotidiana.

Resulta por demás vergonzoso que las familias que se enfrentan al delito del secuestro tengan que actuar de manera solitaria sin el apoyo de nuestras instituciones judiciales; razón que da pie a que las “cifras negras” de este delito nunca sean fidedignas. Escuchamos con frecuencia que a las familias que son víctimas de este delito se les recomienda: “No des parte a las fiscalías o a las procuradurías, porque de inmediato los delincuentes van a saber que ya los están siguiendo, sus contactos están ahí dentro y tu familiar va a ser asesinado”.

¡Qué triste realidad!
De ahí entonces que los familiares se muevan ante la disyuntiva de denunciar o no hacerlo. Si denuncian puede suceder que su familiar nunca aparezca, si no lo hacen les queda la esperanza, en muchas ocasiones mágica, de que una vez cumplidas las demandas de los delincuentes pronto tendrán a su ser querido de regreso, y como consecuencia la impunidad crecerá de manera exponencial y los malhechores seguirán actuando sin el menor prurito de ser sometidos a un juicio que los mantendría de por vida en un centro penitenciario.

El reciente caso del joven chihuahuense Roberto Ronquillo Hernández es un ejemplo más de que algo estamos haciendo mal en la procuración de justicia. ¿Hasta dónde puede llegar la perversión de sus victimarios que incluso cuando recibían el dinero solicitado por su liberación lo estaban asfixiando y estrangulando para dejarlo abandonado en un paraje solitario envuelto en plástico y amarrado de pies y manos?, según muestran los estudios de necropsia practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México seguirán su curso y muy probablemente conoceremos en unos días a los causantes de este siniestro delito; lamentablemente la privación de la libertad y de la vida de Roberto Ronquillo Hernández ya es un hecho irreversible. Sin embargo, como mexicanos no podemos permitir que estos ilícitos se sigan presentando, pareciera que vivimos en un país sin leyes, con un poder judicial rebasado por la delincuencia, en el que la corrupción y su hermana gemela la impunidad marcan las pautas de la prevención e impartición de justicia.

La realidad no es del todo así. México cuenta con un marco jurídico muy respetable, con verdaderos profesionales de la investigación judicial, con sistemas de inteligencia desarrollados por especialistas, con los recursos necesarios para la prevención y el seguimiento de los hechos delictivos, y sobre todo con millones de personas con principios y valores muy ajenos a la realidad que nos está tocando vivir. Entonces, ¿en dónde estamos fallando? Esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer para encontrar soluciones rápidas en el marco de la ley a esta problemática que invade todos los espacios de nuestra estructura social.

Reveladores son los datos presentados el día de ayer por la asociación “Alto al Secuestro”, que informa que este delito se incrementó en 36.5 por ciento con respecto a los meses de enero a mayo del año pasado: mientras en 2018 ocurrieron 596 plagios, en el mismo periodo ya llevamos en el presente año 814 plagios, de los cuales siete de cada diez se presentan en los estados de Veracruz, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Tenemos el diagnóstico, las cifras duras; pero, ¿qué sigue?

Es muy doloroso escuchar el video que circula en las redes sociales en el que los compañeros de Roberto Ronquillo Hernández nos dicen: “Es un día normal. Tomas tu mochila, sales a la escuela. Con sueños, con metas, con ilusiones… pensando en ti, pensando en tu familia…

Pensando en tus amigos, en tu novio o novia… Pensando ¿qué plan tengo para mañana? ¿O que tal para la semana que viene? Pensando en tus tareas o en que vas a cenar en la noche… Y sales de tu casa y ya no regresas… Eres estudiante, hijo, hermano, un buen amigo, un increíble ser humano que lo único que hacías era luchar por tus sueños que sólo tú sabes cuánto te han costado. Y sin embargo, sólo porque alguien que no conoces lo decidió ya no regresas… Queremos sentirnos seguros en este país… donde poder ser jóvenes con sueños… alguien con talento y ganas de hacer de México un lugar mejor… nuestras ilusiones simplemente se esfuman, sólo porque sí. ¡Ya basta! ¡Queremos paz, queremos justicia. ¡Basta!

Y efectivamente ¡Basta!, junto a estos jóvenes que muestran en sus rostros y en sus voces desesperanza, levantamos la voz para encontrar soluciones inmediatas. El Estado mexicano es mucho más fuerte que quienes pretenden estar por encima de él. No merecemos vivir en esta zozobra, nuestros niños y jóvenes necesitan contar con un entorno que les permita desarrollar todas sus potencialidades, y sus padres y abuelos no merecemos vivir con la angustia de que al salir tal vez no regresen más por la desbocada ambición de unos delincuentes.

[email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.