Estado paternalista y sociedad sin decisión

Dr. Alexander O. Krouham

Es labor del Estado cuidar a sus conciudadanos, no obstante, la línea entre libertad de elección e intromisión e imposición es muy delgada. ¿Hasta dónde es válido dictar leyes y encomiendas sobre conductas personales? La respuesta depende de daños a terceros y del bienestar colectivo. Si una acción, o su omisión, tienen un impacto directo en terceros o indirecto por afectación del erario u otros recursos, es justificada la intervención gubernamental. Esto, que parece tan obvio, es el elemento fundamental para comprender la crisis actual de salud de México.

Ciertas normas sanitarias y prácticas médicas conforman políticas públicas que el Estado impone a todos los sectores de la sociedad, sin distinción. El problema es que esa visión ignora nuestra diversidad, siendo que existen enormes diferencias entre grupos: por genética, cultura, entorno geográfico, condiciones de vivienda y de higiene, capacidad económica, alimentación, educación y creencias. Es incorrecto asumir que la misma recomendación puede aplicarse por igual en el sur que en el norte del país o en zonas urbanas versus rurales.

La salud pública y la salud individual son conceptos que pueden, pero no siempre deben, ser complementarios y ese es el enfoque puntual de la Medicina Funcional. Al centrarse en el individuo y en la interacción entre genética, hábitos de vida y medio ambiente, reconoce sus necesidades particulares, la forma de recuperar su equilibrio y las estrategias correctas para la creación de salud.

México, a través de su Secretaría de Salud, no se ha percatado del cambio epidemiológico que hemos experimentado. Se siguen privilegiando los programas de vacunación para enfermedades transmisibles mientras los esfuerzos son muy tibios contra obesidad y diabetes, por mucho los problemas más graves que enfrentamos y de los que derivan otras condiciones como enfermedades cardiovasculares,  cánceres y demencia.

El esquema de vacunación que aplicamos a millones de niños tiene cobertura contra 17 infecciones. Es una exigencia del sistema nacional de salud pero no sopesa los riesgos de contraer el padecimiento (y sus posibles complicaciones) con los efectos adversos de las vacunas. Por contraparte, existe una absoluta condescendencia con los responsables de invadir el mercado de alimentos nocivos e influenciar los hábitos de consumo de nuestros niños. Es cierto que el modelo familiar es muy importante pero el bombardeo mediático y la presión social son muy poderosos.

El gobierno mexicano maneja la salud como un tema político y no de bienestar y desarrollo social y económico. Hay un vacío de liderazgo, poco o nada escuchamos de los funcionarios responsables de esta área excepto, si acaso, por pronunciamientos sobre el seguro popular, las finanzas de los institutos o durante desastres naturales. Jamás se vincula a la salud con progreso y desplazamiento social, se le ve como un tema aislado.

En nuestra Constitución está asentado este derecho y existe amplia legislación sobre el particular, pero ello no implica que se ejerza a cabalidad ni que conserve el espíritu de su concepción.

El texto del artículo es el siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Entre juristas los cuestionamientos comienzan por la diferencia entre el derecho a la salud y el derecho a la protección de la misma. El primero es más amplio, mientras que el segundo representa la obligación del Estado de desarrollar acciones positivas para proteger la salud o repararla cuando ha sido afectada. Es una prestación que los poderes públicos deben proporcionar, con al menos tres características:

  • Universalidad: disponibilidad para todas las personas.
  • Equidad: accesibilidad sin discriminación alguna; de aquí el concepto de su financiamiento por impuestos y no por cuotas personales.
  • Calidad: efectividad, pero también igualdad entre quienes son tratados por servicios públicos y quienes lo son en el medio privado.

La teoría es idealista y hermosa, pero la práctica es otra cosa. El ciudadano no tiene opciones ni puede exigir y cuando lo hace el camino es harto complicado. Existe muy escasa jurisprudencia sobre casos particulares de personas que han luchado ante la negativa del sistema para proveerles medicamentos especializados, para definir los límites a la donación de órganos, solicitando la construcción y abastecimiento de centros de atención médica y para recuperar sus fuentes de trabajo (por ejemplo individuos discriminados por padecer VIH / SIDA).

Basta ver las estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dónde durante 2018 el mayor número de quejas registradas corresponde al IMSS (2,532), seguido por el ISSSTE (1,215) y la SEP en un distante tercer lugar (746). Este patrón ha sido persistente desde hace años.

Entre las 10 principales causas de inconformidad sobresalen: (1) prestar indebidamente el servicio público; (2) faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; (3) omitir proporcionar atención médica; (4) obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social; (6) negligencia médica; (7) omitir suministrar medicamentos; y (9) realizar deficientemente los trámites médicos. De manera constante entre 2010 y 2018 la negligencia médica aparece como el hecho violatorio de derechos humanos más frecuente, incluso por arriba de la privación de la vida y la tortura.

¿Es ésta la seguridad social que México merece? En el comunicado anterior se enumeraban las estadísticas en salud que nos comparan con algunas de las naciones más ricas del mundo y, pudiendo estar entre los mejores nos encontramos al final del grupo. El modelo debe de cambiar, nuestro gobierno no puede seguir siendo juez y parte. Los costos directos por atención médica, indirectos por pérdida de productividad y ausentismo laboral y de oportunidad por no hacer lo que debemos y no llegar a donde podemos, son enormes.

La salud tiene que administrarse como cualquier otra industria, por competencia por valor con base en resultados. Es ilógico conservar a 2 o 3 proveedores exclusivos de servicios médicos, inmunes a la optimización y más preocupados por las cuotas patronales (IMSS) y por las pensiones de retiro (IMSS e ISSSTE) que por el bienestar de sus beneficiarios. Si a esto agregamos los enunciados recientes de la actual administración sobre la posible desaparición del Seguro Popular, el panorama futuro no sólo es incierto sino aterrador.

La salud no es una dádiva política, es un motor de la economía. La calidad de la atención médica a la población no debe supeditarse a los recursos excedentes que las finanzas públicas generen, es indispensable invertir en este rubro ya que mejor salud equivale a mayor desarrollo y crecimiento nacionales. No podemos permanecer un paso atrás, tratando enfermedades crónico degenerativas y sus complicaciones hasta que nos vemos abrumados por ellas. La verdadera medicina es la preventiva, es la que en lugar de esperar a que aparezca el problema se empeña en crear bienestar, eso es lo que hace la Medicina Funcional. Interactuando con otras disciplinas ejerce un efecto transformador y permanente en la persona.

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