El artículo 25 de nuestra Constitución federal señala que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”

A quiénes cuestionan las decisiones gubernamentales que harán crecer el aparato gubernamental, les convendría leer la Constitución, con lo que entenderían que cuando un Estado decide que es necesario invertir en un sector, tiene la obligación de hacerlo, con inversión privada o sin ella. De allí que no sorprenda que, al no tener respuesta satisfactoria de los inversionistas, para la construcción de las refinerías, un nuevo aeropuerto o la cobertura de internet a todo el territorio nacional, el nuevo gobierno haya decidido hacerlo con sus propios recursos, que son enormes, pero estaban subordinados a los arreglos de los funcionarios con seudoempresarios.

Así se desarrolla un país. Cuando un Estado requiere que se realicen ciertas actividades que no interesan a la iniciativa privada, debe hacerlas con sus propios medios. Lo hizo el propio Carlos Salinas de Gortari con la esperada carretera que uniera a Oaxaca con el resto de la República. Terminaba su sexenio y hechos los estudios los empresarios que se encargarían de ella declinaron, considerando que no tenía ventajas económicas, a lo cual Salinas les respondió que si se haría, pues tenía ventajas sociales.

Lo que pasa es que después de más de tres décadas, nos acostumbramos al Estado débil, que todo lo hacía a través de grupos empresariales nacionales y extranjeros, concesionándoles el país entero a plazos de treinta o más años, prorrogables por los gobernantes en turno. Bienvenidas todas las iniciativas gubernamentales que traigan empleos. Ya vendrán subcontratos para las viudas del neoliberalismo.

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