Catástrofe ambiental

Ignacio Álvarez

El cambio climático llegó para quedarse, las llamas de los incendios forestales no han sido suficientes para alcanzar la conciencia de los funcionarios de gobierno, ni de las comunidades que habitan en las faldas de las montañas, pues amenazan con devorar cada vez más las áreas boscosas. Las Vigas no será la excepción. Por desgracia, las fábricas de agua naturales, -cada vez más vulnerables-, están sometidas a la imprudencia humana, a la corrosión e indolencia de políticas públicas medio ambientales y las condiciones climáticas, que en este año se asimilan a la sequedad de 1998 cuando se registró el peor saldo en décadas de pérdida de bosques por incendios.

Los especialistas aseguran que las causas van desde de los taladores clandestinos que para evitar rastros calcinan las pruebas de su delito, los comuneros que entre la ignorancia y necesidad queman para ganar terreno que se convierta en tierras de cultivo o ganadería, excursionistas irresponsables que dejan fogatas encendidas, y las condiciones del clima.

La descomposición social encuentra en el clima la manera de atizar a la autodestrucción; por ejemplo, el cambio climático arroja temperaturas de 20 grados a una altura de tres mil metros sobre el nivel del mar, pero con apenas 10 por ciento de humedad y rachas de viento de 40 kilómetros por hora, más los movimientos verticales de aire caliente hacia la atmósfera, encuentran pastizales secos idóneos para la propagación del fuego.

Tan sólo en lo que va del año, en las faldas del Pico de Orizaba el saldo es de más de 600 hectáreas producto de la ignición; en tanto, el desastre de Las Vigas arrasó con más de 500 hectáreas en cuestión de horas, lo que representa un grave deterioro al Cofre de Perote.

Los parques nacionales con áreas naturales protegidas del Pico de Orizaba con 17 mil hectáreas y el Cofre de Perote con más de 11 mil hectáreas, fueron decretados en 1937, sin embargo, en ambos casos se han perdido más del 60 por ciento de las áreas boscosas.

Por desgracia el espíritu de la negligencia está en las autoridades. Apenas el 5 de marzo el Consejo Técnico del Parque Nacional Pico de Orizaba, donde su director, Raúl Álvarez Oceguera -que también es director del Cofre de Perote-, con actitud indolente declaraba que la tala clandestina no pone en riesgo al bosque: “sí está repuntando, pero no podemos decir que se está acabando el bosque. No, para nada”, pero si eso declara la máxima autoridad encargada de la protección del bosque, que se puede esperar del resto de las autoridades y de la sociedad civil.

El saldo de los incendios es triste, no sólo por los años que llevará la recuperación en caso de que exista un programa para esa tarea, sino por los daños irreversibles e incalculables que impactan en la flora y fauna, la vida comunitaria y el brutal deterioro ambiental.

Peor aún, organizaciones vinculadas a funcionarios públicos como Earth Mission convocaron de la manera más irresponsable y urgente, a voluntarios para el rescate, traslado y recuperación de la fauna afectada en pleno incendio. En qué cabeza cabe que voluntarios con desconocimiento del manejo animal podrán recuperar animales silvestres en medio de las llamas.

Habría que conocer más de ese tipo de organizaciones oportunistas, pero no de los incendios, sino de los programas de gobierno que les sirvieron en otras administraciones federales y estatales para hacerse de recursos que no precisamente destinaron a cuidar el medio ambiente.

El resguardo de los bosques está a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y en el caso de las áreas naturales protegidas del Cofre de Perote, Pico de Orizaba y el Cañón de Río Blanco, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ambas dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

De alguna manera son las responsables de no generar transparencia en las políticas públicas de reforestación y una cultura de prevención en las propias comunidades, que son indispensables para lograr el desarrollo sustentable, pero sobretodo en la falta de aplicación de la ley a las actitudes criminales contra el medio ambiente, donde de poco o nada sirve contar con leyes, si éstas son alcanzadas por las llamas de la corrosión.

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