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Primordial crear un consejo ciudadano que dé seguimiento a casos de feminicidio: Villavicencio Ayala

El Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral e indemnizar a familias ofendidas

Publicado Hace 7 días el 12 de Marzo de 2019

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La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) consideró primordial crear un consejo ciudadano que dé seguimiento a todos los casos de feminicidio. “No pediremos que se conceda la aplicación de la ley, sino exigiremos el cumplimiento de las recomendaciones y lo que establece la legislación en favor de la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres”.

Durante la tercera mesa de la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, la legisladora expresó que se realizará un marcaje directo a las autoridades competentes, a fin de que cumplan con sus responsabilidades. Anunció que presentará un punto de acuerdo ante el Pleno, con el objetivo de solicitar información de los 424 municipios del país que están en Alerta de Género”.

Detalló que entre las actividades del consejo ciudadano se buscará realizar una ruta de trabajo que permita dar seguimiento a todos los casos de feminicidio y con ello alcanzar su reclamo de justicia. “Apoyaremos a las familias de las víctimas y solicitaremos a las autoridades una respuesta inmediata”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala se pronunció por exigir cuentas a las autoridades competentes, revisar el marco jurídico y que funcione la Alerta de Género. “Queremos un presupuesto para el próximo año que atienda claramente una política integral para combatir el feminicidio y violencia hacia las mujeres. Además, se privilegie la prevención de las agresiones”.

Reiteró su compromiso social, legislativo y humano para que las propuestas presentadas por los familiares de las víctimas dirijan la ruta de trabajo para adecuar las leyes en la materia.

Subrayó la necesidad de un Estado de derecho y un sistema de justicia pronta y expedita que no existe, para atender a las mujeres víctimas. “Son historias de dolor que requieren atención inmediata y empatía de todos”.

Reconoció el trabajo realizado por las asociaciones de la sociedad civil para construir una comunidad que asuma su responsabilidad y que las autoridades cumplan cabalmente sus responsabilidades.

La diputada del PES, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, sostuvo que el feminicidio es un delito de gran impacto y genera alarma colectiva que perjudica el tejido social. Propuso fortalecer las políticas públicas para prevenirlo, son pieza fundamental para combatirlo, porque agravia a víctimas y familias.

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Las mujeres dejan a sus hijos desprotegidos y el Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral, así como una indemnización y las sentencias se garanticen conforme a derecho y que no se tuerzan. Llamó a las autoridades a cumplir los tratados internacionales que protejan los derechos humanos de niñas y mujeres.

Externó el compromiso de los legisladores para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia. Destacó que combatir este flagelo exige vocación de servicio por parte de los servidores públicos, ya que la justicia es para todos en igualdad.

Al participar, Cynthia Galicia Mendoza, defensora de derechos humanos y consultora, se pronunció por contar con mecanismos contra la violencia que sirvan y que permitan la aplicación de una política pública nacional “que ya está en la ley, la cual crearon las diputadas en la LIX Legislatura, está como un derecho ganado que no se ha aplicado”.

Manifestó la importancia de contar con presupuestos para poder aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “donde hay un mapa de acciones del Estado que no ha cumplido, que producen impunidad y que hablan de evitar los feminicidios, las violaciones, la prostitución, la explotación y el hostigamiento sexual”.

De la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz para Mujeres, Lucero Cirse López Riofrio, dijo que es fundamental generar y reconocer el contexto, lugar y espacio en donde las mujeres caminan, trabajan y donde están siendo asesinadas, porque así se reconocerían como ciudadanas y no sólo como víctimas.

Agregó que Michoacán tiene 14 municipios con Alerta de Violencia de Género. Es importante señalar que muchas mujeres asesinadas habían denunciado la violencia en sus localidades e instancias y se hizo caso omiso, existen más de 200 casos de mujeres asesinadas con armas de fuego.

“En 2018, en cinco municipios de Guanajuato hay 42 muertas con características de ejecución, pareciera que están dentro del crimen organizado y no es así, porque se escucha el discurso que participaban en narcotráfico y esto no es así”; es importante realizar un análisis de estos contextos porque ninguna fiscalía nacional o estatal lo ha realizado, enfatizó.

Asimismo, expresó que no hay una política pública respecto a la violencia en espacios públicos, y éstos siguen siendo un lugar en donde se puede agredir, asesinar o secuestrar. “Hay un vacío de acceso a la justicia. Consideramos que en las fiscalías tiene que haber una coordinación con las direcciones de seguridad pública para fortalecer los procesos de investigación y litigación”.

Es necesario, agregó, realizar estadísticas por sexo, porque no es posible que se sigan publicando documentos en los que no se puede saber cuántos homicidios son de mujeres o en qué etapa van. “Es necesario replantear la Guardia Nacional en ese contexto”.

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