¿Qué sucede en nuestro sistema nacional de impartición de justicia?

México necesita instituciones judiciales sólidas, garantes de una impartición de justicia que derive en credibilidad ciudadana. Quienes habitamos en la República Mexicana demandamos la vivencia cotidiana de un Estado de Derecho intachable.

Lamentablemente, en nuestro país, la denuncia ante las autoridades competentes de una transgresión a la ley es tan sólo del diez por ciento. Esta cifra obedece, por un lado, a que el ciudadano tiene miedo de asistir a la barandilla del Ministerio Público, especialmente quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad económica y social y no pueden contar con el apoyo de un abogado particular, y por otro, hecho que es más grave aún, considera que es una pérdida de tiempo y un riesgo añadido al tener que carearse frente a un delincuente e incluso con sus familiares, y asistir a un proceso que puede alargarse indefinidamente y con solución incierta.

Si reflexionamos en esta cifra, sin duda, nos encontramos ante un alarmante indicador de que el Sistema de Justicia Nacional enfrenta una severa crisis de legitimidad. De acuerdo a los datos proporcionados por la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública”, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016, se cometieron en México 31’052,676 delitos, de los cuales sólo fueron denunciados 3’026,540. Increíblemente quedaron impunes casi 28 millones de hechos delictivos. El Índice Global de Impunidad 2018, calculado por la Universidad de las Américas-Puebla, nos coloca en el penúltimo lugar del mundo en este renglón, sólo por debajo de Filipinas y por encima de Colombia.

Esta realidad, afecta también de manera directa a nuestra economía. En todos los países del mundo los inversionistas buscan colocar sus capitales donde las instituciones judiciales les garanticen mercados inclusivos y les den certeza de la aplicación de las leyes y normas vigentes. Indudablemente un factor que inhibe la creación de un mayor número de negocios en México, tanto de capitales nacionales como extranjeros, y por tanto de empleos, que soporten un crecimiento estable y sostenido, son la corrupción y la carencia de un verdadero Estado de Derecho, como fue expresado en el Foro Económico Mundial en su “Reporte del Índice de Competitividad Mundial 2014-2015”. El lugar que México ocupa en la clasificación mundial con respecto al Índice de Percepción de Corrupción 2018 es vergonzoso, ocupamos el lugar 138 entre 196 países, de acuerdo a la Organización de Transparencia Internacional.

Resulta inaplazable dignificar la impartición de justicia en nuestro país. No podemos continuar con un sistema nacional con tan altos índices de ineficacia e ineficiencia. Es cierto, venimos arrastrando un fuerte rezago en cuanto a recursos humanos, México cuenta con menos jueces y magistrados que el promedio del resto del mundo con respecto a su población total, es decir, sólo contamos con 3.9 servidores públicos en este renglón por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de 16. Sin embargo, paradójicamente, el costo de la justicia por ciudadano se ha incrementado de $0.02 pesos en 1980 a $572.13 pesos en 2018.

Existen otros dos factores más, entre otros, que influyen también en el desempeño de un sistema nacional de justicia más transparente y eficiente. Por un lado, la falta de independencia real del Poder Judicial frente al Legislativo y el Ejecutivo, lo que impacta directamente en los servicios que ofrece a la ciudadanía. Los hechos demuestran que la justicia es más expedita para los servidores públicos que para el ciudadano común. En promedio un juicio para la protección de los derechos político-electorales de un ciudadano tarda en resolverse 10 días y un juicio electoral hasta 12; sin embargo, un juicio de amparo directo 137, mientras que un juicio oral mercantil 165, y una causa penal llega a los 397 días, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia 2016 del INEGI.

Por otro lado, existe un alto grado de nepotismo en el Poder Judicial como queda de manifiesto en el estudio realizado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, que demuestra que el 51 por ciento de los jueces y magistrados de circuito tienen al menos un familiar que labora en el Poder Judicial, y en algunos circuitos llega hasta el 80 por ciento. El 87 por ciento de esos familiares tienen plantas que no requieren filtros meritocráticos, lo cual es un indicador de que la competencia por los puestos excluye a la mayoría de los abogados que no cuentan con algún familiar en el sistema.

Ante estos datos duros podemos concluir que México se encuentra frente a un área de oportunidad urgente que requiere de una nueva estrategia encaminada a fortalecer nuestras instituciones judiciales para alcanzar el Estado de Derecho que tanto anhelamos.

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