La Fiscalía General de la República: Un nuevo rumbo para la justicia y la equidad

La Fiscalía General de la República será la institución que, en substitución de la Procuraduría General de la República, dé mayor fortaleza a la vivencia cotidiana de un Estado de derecho sólido y confiable en nuestro país.
Sus principales objetivos serán dirigir y dar cauce a las investigaciones de delitos, el esclarecimiento de hechos para el ejercicio de la acción penal, la procuración de justicia y reparación del daño, y la prevención del delito; todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos en un sistema nacional de justicia acusatoria en el que el profesionalismo y la normatividad sean la pauta indiscutible para la resolución de conflictos de carácter federal, que sin duda atentan contra la seguridad nacional y la vida armónica de los habitantes de la República Mexicana.
La Declaratoria de Autonomía de la Fiscalía General de la República, en seguimiento al artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, fue aprobada en la Cámara de Diputados el 17 de diciembre pasado y turnada al Senado ese mismo día para ser aprobada por el Pleno al día siguiente. De este modo, el 20 de diciembre de 2018, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publicó en este mismo medio la sentencia aprobada.
Como lo establece nuestra Constitución Política, en su artículo 70, las resoluciones del Congreso de la Unión tienen carácter de Ley o Decreto y deben ser comunicadas al Poder Ejecutivo para ser promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
De este modo, se interpreta que a partir del 20 de diciembre pasado, existe la ausencia definitiva del titular de la Fiscalía General de la República, por lo que en veinte días naturales, es decir, a más tardar el 18 de enero del presente año, el Senado de la República deberá enviar al Presidente de la República una lista de diez aspirantes a ocupar esta importante responsabilidad, cuyo encargo será por nueve años, de conformidad con la fracción primera del Apartado A del artículo 102 constitucional.
De la relación de personas enviadas al Ejecutivo, éste elegirá, a más tardar en diez días naturales, una terna que propondrá al Senado, cuyos integrantes, previa comparecencia ante todos los integrantes de esta Cámara legisladora, designarán a uno de ellos, mediante el voto de dos terceras partes del Pleno, una vez establecido el quórum necesario.
El pasado 20 de diciembre, el Senado de la República, una vez aprobado el acuerdo en la Junta de Coordinación Política, emitió la Convocatoria Pública para el registro de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República, así como la documentación necesaria para su registro. Los días para hacerlo fueron entre el 24 y el 31 de diciembre y se registraron 27 personas, cuyos currículos y documentación fueron analizados por la Comisión de Justicia del Senado hasta el día de ayer en sesión extraordinaria, para presentar al Pleno los nombres de al menos diez personas elegibles, cuyo listado será puesto a consideración al Pleno y deberá ser aprobado también por dos terceras partes del mismo para ser enviado al Ejecutivo.
El procedimiento de elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República es un hecho inédito, recordemos que la figura del Procurador General era propuesta directamente por el Presidente de la República a través de una terna presentada por él al Senado, de ahí las fuertes discusiones que se han suscitado con respecto a la autonomía con la que se debe manejar la Fiscalía y evitar la designación de lo que popularmente se ha denominado “fiscal carnal”, en referencia a una persona que ocupe el cargo para responder a los intereses del Ejecutivo.
La libertad incondicional para ejercer la alta responsabilidad de aplicar la justicia en México en base a la normatividad vigente debe ser una condición absolutamente necesaria para que el Estado de derecho prevalezca ante intereses particulares, recordemos que en ello está en juego el bien supremo de la Nación.
Es un hecho irrefutable que nuestro país requiere en estos momentos del fortalecimiento inmediato de nuestras instituciones de procuración de justicia, de otro modo los grupos delincuenciales relacionados con temas tan delicados como la extracción ilegal de gasolinas, gas y luz, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, la desaparición forzada, los feminicidios, e incluso los crímenes relacionados con la preservación del medio ambiente y nuestro patrimonio natural, no podrán ser perseguidos a cabalidad y como demanda ya una ciudadanía cansada de que no se esclarezcan con certeza estas irregularidades.
México necesita contar con una Fiscalía General de la República profesional, moderna, libre de vicios enquistados, en la que todos podamos confiar. El reto es enorme pero, sin duda, nuestro mayor potencial se encuentra en los cuadros profesionales que nuestro país ha logrado formar a lo largo de los años y en los liderazgos que seamos capaces de crear en el futuro inmediato.
Tenemos la certeza de que la robustez de nuestras instituciones nos llevará a encontrar el rumbo de justicia y equidad que demanda nuestro país y al que aspiramos todos los habitantes de la República Mexicana. Con seguridad y justicia, todo lo demás vendrá por añadidura.

[email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.