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El Pico de Orizaba, un reto ambiental

Negligencia de la Comisión Nacional de Areas Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal.

Publicado Hace 13 días el 09 de Enero de 2019

por

Ignacio Alvarez / El Dictamen

En todos sus costados, todos los días, el Pico de Orizaba padece la presión sobre sus recursos naturales, básicamente, ataques de talamontes sistematizados como empresas que operan a plena luz del día, con modernas herramientas y todas las facilidades que ofrece la negligencia de la Comisión Nacional de Areas Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal encargadas de custodiar las reservas forestales y los ecosistemas que éstas generan, pero sobretodo la última fábrica de agua que significa el único glaciar vivo de esa montaña; el Jamapa, el cual abastece a Veracruz y Puebla.
Una investigación de la periodista Karla Cancino detalla, una vez más, el modus operandi de los talamontes que se ha convertido un sector productivo pero delictivo, en la cara norte del Pico, sobretodo en los municipios de La Perla, Coscomatepec y Calcahualco del lado de Veracruz. Millonarias ganancias a cambio de la deforestación y sus graves consecuencias, por lo tanto, se convierte en un reto ambiental para el nuevo gobierno federal.
Los municipios de las altas montañas están salpicados de aserraderos clandestinos que consumen los árboles que ni siquiera alcanzan la talla maderable, menos de 35 centímetros, que se utilizan para cajas de empaque, y que se bajan utilizando el mismo permiso de aprovechamiento en infinidad de troncos del polígono protegido por decreto, pero en realidad abandonado por la autoridad que no cuenta con supervisión en la zona.
Los talamontes son comuneros locales, ganan 240 pesos al día por trepar a caballo las faldas, talar y bajar los troncos a los caminos rurales o brechas hasta donde suben los vehículos para trasladarlos a los aserraderos; un tronco de pino u oyamel cuesta más de mil pesos.
A pesar de que los operadores de los aserraderos están plenamente identificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y se encuentran asentadas en Nogales, Soledad Atzompa, Ciudad Mendoza y Acultzingo no existe aplicación de la ley, lo que genera impunidad y se convierte en estímulo para prosperidad de esa ilegal actividad.
La justificación es la pobreza extrema que padecen los pobladores de esas comunidades que ante la falta de desarrollo y aplicación correcta de los programas de aprovechamiento legal de la madera, incurren en la ilegalidad con el respaldo de grupos del crimen y huachicoleros que suministran combustible barato para las camionetas de doble rodada que bajan el producto de la tala.

Winckler no entiende y se va
Una vez más en su loco afán de mantenerse en el cargo para cuidar a su jefe y ex gobernador Miguel Angel Yunes Linares, el Fiscal Jorge Winckler Ortiz se vuelve a meter entre las patas de los caballos y busca jugar a las vencidas con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Para justificar su incapacidad para resolver los expedientes de crímenes, asesinatos y desaparecidos culpó de manera irresponsable y al más puro estilo yunista, al gobierno estatal de promover las manifestaciones de los colectivos que exigen justicia y la entrega de los restos de sus familiares desaparecidos como consecuencia de la actos delictivos.
Pero más tardó el Fiscal en lanzar la irresponsable acusación, que los colectivos y el propio gobernador en responder que presente los supuestos audios que, según Winckler, evidencian una instrucción para presionarlo con la toma de las instalaciones y protestas en su contra y demandar su renuncia.
Lo cierto es que fueron esos colectivos los que le hicieron la tarea al fiscal al encontrar las fosas clandestinas en diferentes partes del estado de Veracruz, donde se encuentran cientos de cuerpos y sin embargo, en sus dos años al frente, jamás los ha recibido en sus oficinas, al menos para generar confianza de que algún día tendrán una respuesta. El Fiscal sigue empecinado en llevar las contras mientras que se acumulan los expedientes no sólo de los colectivos, sino también de secuestros, extorsiones, asesinatos, feminicidios, crímenes dolosos del orden común que reclaman una verdadera autoridad y capacidad de impartir justicia.
Y en ese contexto, nadie se imaginaría siquiera una insana intención de que los colectivos se presten a juegos políticos, cuando las penas que cargan por la desaparición de sus familiares sólo pueden aliviarse un poco al recibir noticias certeras del paradero o bien de los restos para sepultarlos formalmente.
En una maratónica sesión el Congreso Local aprobó la modificación del Articulo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que éste tenga la facultad de remover al Fiscal General del Estado , después de que 132 de los 212 ayuntamientos avalaron la propuesta.
Con este trámite será cuestión de tiempo, la salida de Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía y en entonces, el panorama de impartición de justicia cambiará para aplicar la ley a los yunistas.

Surrealismo Legislativo
El nivel de debate en el Congreso Local de Veracruz alcanzó niveles de surrealismo; esta semana, una letrina portátil fue contratada por la legisladora del PAN, María Josefina Gamboa Toral, después de que se quejó de que los baños, que se ubican en el área del Grupo Parlamentario del PAN, no funcionan de manera adecuada.
El fundamentado reclamo de la legisladora fue contra la actual administración del Congreso, sin embargo, se le olvidó que esa remodelación la autorizaron los anteriores administradores donde el PAN, su partido, tenía un control absoluto, por lo tanto debió exigir que se investigue al ex Secretario General del Congreso, Juan José Rivera y al ex tesorero Carlos Fuentes Urrutía, por cierto, con cantidades exhorbitantes.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.