La Comisión de Energía analiza reformas a las leyes de Hidrocarburos, y Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, a fin de crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta, para detectar adquisiciones ilícitas.

Se plantea incrementar medidas correctivas para aquellos que hayan actuado ilícitamente por la venta, almacenamiento, transporte o distribución de hidrocarburos de procedencia ilegal, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalización de su conducta.

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La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), promotora de la iniciativa de reforma, destacó que las organizaciones criminales han visto en el robo de combustible, una importante fuente de ingresos para sus actividades delictivas, lo que provoca pérdidas millonarias a empresas petroleras que operan en el país y riesgos a la población, contaminación del ambiente y mermas al mercado formal de gasolinas.

La llamada “ordeña”, se realiza mediante perforaciones a los ductos que transportan hidrocarburos, para luego depositar el combustible robado en contenedores que van desde garrafones de plástico hasta pipas, trasladarlo a zonas de resguardo, y distribuirlo como insumo para actividades productivas e, incluso, para su venta a estaciones de expendio al público.

El combustible robado puede ser vendido directamente a la gente de manera informal o “lavado” al amparo de permisos de “comercialización”, moviéndose para su expedición formal en estaciones de servicio o exportado vía marítima y comercializado en Latinoamérica o Estados Unidos.

Fernández Cruz mencionó que en 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 10 mil 101 tomas clandestinas en todo el país, encabezan la lista Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.

En 2017, las pérdidas de Pemex por robo de combustible ascendieron a los 30 mil millones de pesos, agregó.

Los daños económicos por estas prácticas son acumulativos, ya que no sólo implican el robo de hidrocarburos, sino que causan problemas al ambiente y la muerte de personas por accidentes provocados en las tomas clandestinas; adicionalmente, el blanqueo o lavado del combustible, provoca pérdidas millonarias al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Destacó la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional para generar bases de datos cruzados que permitan a los órganos reguladores del sector hidrocarburos y dependencias con competencia directa en la comercialización y manejo de combustibles, tener acceso a información que ayude a la inspección, vigilancia y supervisión.

La iniciativa, suscrita también por el diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM), busca crear un sistema de información en el que participen las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Fiscalía General de la República.

Tal sistema deberá integrar, cuando menos, identificación de permisionarios del sector hidrocarburos, registros contables, volumen de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos obtenidos lícitamente para llevar a cabo su actividad, y en el caso de la comercialización, expendio y distribución, el volumen y monto de las ventas, así como personas físicas o morales sancionadas por alguna irregularidad en el desarrollo de su actividad, sea por robo de combustible, evasión de impuestos, falsificación de reportes o venta de litros incompletos.

Estas reformas permitirán que autoridades encargadas de verificar el correcto actuar de las actividades del sector hidrocarburos, tengan información integral de los permisionarios, y desincentivar el lavado de combustible al amparo de las autorizaciones correspondientes.

“Debemos impulsar el desarrollo de bases de datos certeras que permitan focalizar los esfuerzos institucionales y garantizar el Estado de derecho. México es un país con un potencial de desarrollo enorme, mitigar las pérdidas de estas prácticas nos permitirá una mayor inversión, certidumbre y certeza jurídicas, así como la garantía de respeto a la ley e instituciones encargadas de velar por ella”, resaltó la legisladora.

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