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CNDH, ONU y académicos piden mando civil para Guardia Nacional

Afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad.
Foto: Agencias

Publicado Hace 8 días el 12 de Enero de 2019

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, pues las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.

Aseguró que no se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas.

Al participar en las Audiencias Públicas en la materia, en la mesa “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, indicó que ese órgano contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales de derechos humanos, lo cual generaría alejamiento y ruptura con los organismos de protección y defensa de las garantías individuales.

González Pérez refirió que de 2013 a la fecha, son 137 denuncias penales que se han interpuesto por violaciones a derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De éstas se encuentran en proceso 20; sentencias condenatorias, seis; absolutorias, cinco, y las demás en proceso. En tanto, la Secretaría de Marina tiene 64 denuncias en proceso; una sentencia condenatoria y dos absolutorias.

Mientras que las responsabilidades administrativas de 2013 a la fecha, suspensión de empleo o cargo de 30 días, dos; amonestación privada, cuatro, esto en la Marina. Por su parte, a la Defensa Nacional, inhabilitación de un año, dos; destitución e inhabilitación de 10 a 15 años, tres, y amonestación pública, cuatro, “todo esto evidencia parte de la problemática”, expresó el titular de la CNDH.

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CNDH, ONU y académicos piden mando civil

Externó su preocupación de que las reformas en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial, pues se deja de lado la visión integral e insistió en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, en recursos, capacidades y operaciones reales y efectivas; es decir, “no se trata sólo del perfil de sus titulares, sino se requiere de marcos normativos y operativos adecuados”.

“Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad, si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente; en estas tareas los mecanismos externos de la supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante”, sostuvo González Pérez.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.

Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.

Afirmó que el documento que crea el nuevo órgano de seguridad no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Plantea la participación de las fuerzas armadas, pero no de forma extraordinaria y hace permanente lo que tiene que ser temporal; además, su actividad se propone de manera preponderante y no complementaria”.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo dejó claro que apoya un mando civil y por ningún motivo militar. Además, consideró que la temporalidad para la guardia debe ser de tres años, porque con cinco años de mando castrense, prácticamente “éste determinaría quién gobernaría el país los siguientes seis años; me niego a poner eso como antesala”.

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