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Instituto Nacional de Pueblos Indígenas organizará consultas a comunidades indígenas y afroamericanas

El Instituto será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.
Diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas.

Publicado Hace 15 días el 03 de Diciembre de 2018

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El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se creará una vez que entre vigor el decreto que expide su ley respectiva, velará y protegerá los derechos y el patrimonio de las comunidades indígenas y afromexicanas, pero, sobre todo, impulsará y garantizará que su desarrollo se dé con respeto a su libre determinación e identidad propia.

Asimismo, entre otras acciones, se encargará de organizar consultas previas a estas comunidades cuando se prevean medidas administrativas del Ejecutivo federal y legislativas susceptibles de afectar sus derechos, y podrá invalidar aquellos proyectos, cuyas consultas previas no tengan su aval.

El Instituto velará por que su progreso se realice sin que termine imponiéndose un enfoque economista y desarrollista que reproduzca la lógica capitalista neoliberal, que genera desigualdad y exclusión social, como lo venía haciendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, afirmó la diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas.

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“El régimen anterior creó una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuyos sustentos fueron la ideología de la asimilación. Esta política fue rechazada permanente por nuestros pueblos y comunidades”, expresó la diputada, en tribuna, cuando fundamentó el dictamen que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El pasado 27 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó con 440 votos a favor, cero en contra y una abstención, la minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, luego de avalar los cambios que previamente hizo el Senado de la República.

Esta nueva legislación, que consta de 29 artículos divididos en tres capítulos y nueve preceptos transitorios, abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y surgió de una iniciativa del diputado con licencia Zoé Robledo Aburto (Morena), la cual fue sometida a consulta en 10 foros.

Señala que el Instituto será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.

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