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Una nación en crisis

El problema radica en la ruptura de tales contratos, así como en la crisis de las relaciones de la sociedad civil, la sociedad política y los sectores vinculados a las finanzas y la producción.
Foto: Agencias

Publicado 11 noviembre 2018 el 11 de Noviembre de 2018

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(I de II partes)

Analizar la realidad de los países de nuestro continente resulta ser una tarea desalentadora para los ciudadanos con un cierto nivel de educación y, sobre todo, con una base moral y ética que nos lleva a creer que la democracia, siendo un sistema imperfecto, es lo mejor que tenemos para sostener una vida ciudadana donde los contratos sociales cimientan las bases de igualdad, justicia y la protección de los derechos humanos consagrados en las constituciones nacionales.
El problema radica en la ruptura de tales contratos, así como en la crisis de las relaciones de la sociedad civil, la sociedad política y los sectores vinculados a las finanzas y la producción. La decadencia de los partidos políticos como representantes de los anhelos ciudadanos y su obvia consecuencia en la frustración y temores de la ciudadanía, han socavado la confianza puesta en los organismos representativos así como el acrecentamiento de la incertidumbre sobre el comportamiento de los organismos privados controladores de las finanzas y de las inversiones, ahora coludidos con la sociedad política para sus propios beneficios, olvidando al ciudadano que ahora percibe ser víctima de tal inmoral relación.
De ahí que hablar de moral y ética en el manejo de las naciones por sus representantes elegidos por una ciudadanía incrédula resulta ser un tema de impostergable necesidad. Mi experiencia intelectual me permite sostener que detrás de los vacíos de poder que se producen en nuestras naciones, hay un trasfondo de inmoralidad y falta de ética que se disfraza con una interpretación de la legalidad que ofende los principios constitucionales y afecta al ciudadano común, beneficiando a los que concentran el poder político, económico y social de cada una de nuestras naciones y se proyectan internacionalmente a lo largo de América Latina. Los vacíos de poder en una sociedad democrática socava sus bases de legitimidad y dan paso a los aventurismos totalitarios que comienzan a atisbar su supremacía en la región, abandonando principios que se creían inamovibles tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el respeto a los credos religiosos, la diversidad, pluralidad y la igualdad ante la ley. Los ciudadanos se enfrentan a una realidad en la cual la confusión, el miedo y la impunidad de los poderosos es refrendada con la mentira legalizada, la opresión sin impedimentos y el abuso y desprecio de los derechos humanos. La inmoralidad y la corrupción son los síntomas más visibles de esta realidad.
Dada mi residencia en los EE. UU., cada vez observo con más claridad lo anteriormente explicado. Como ejemplo puedo citar cuatro casos, entre muchos más, que ilustran lo mencionado. La destrucción de la democracia se manifiesta cuando las elecciones son amañadas o simplemente coartadas, cuestión que ha quedado de manifiesto en las recientes elecciones donde importantes segmentos de la población, la mayoría minorías étnicas y raciales, han quedado impedidas de ejercer sus derechos de representación por las autoridades de gobierno, ante la presunción de que sus votos afectarían su permanencia en el poder. Para mis lectores que piensan que los EE. UU. es un ejemplo de real democracia, debo desilusionarlos. No es así. En el Sur de la nación, los ejemplos de procesos viciados por las autoridades que han impedido a los electores, especialmente minorías, ejercer sus derechos han sido reportados ante la indiferencia de los encargados de proteger tal prerrogativa. Este es un ejemplo de inmoralidad y quiebre de los principios de participación consagrados en la constitución de la nación. El hecho de que se haga con impunidad es una manifestación de corrupción institucionalizada.
Los ataques a la ciudadanía indefensa por individuos que portando armas de gran calibre y capacidad destructiva provocan masacres y lo único que se ofrece como respuesta son oraciones por las víctimas y sus familiares, sin respuestas efectivas que prevengan tales acciones cada vez más comunes, es otro ejemplo de la inmoralidad y corrupción del sistema político. El presidente de la nación manifiesta que los lugares, tales como escuelas, estadios, lugares de recreación, deberían tener guardias que prevengan tales situaciones. La incongruencia y estupidez de tal declaración tiene consecuencias de gran peligro para la paz social. Convertir el diario vivir en una continua batalla y enfrentamiento en el cual el poder de las armas es la respuesta por parte de aquellos de proteger a la ciudadanía es inmoral e irresponsable. Lo que resulta aún peor es que la ciudadanía sabe cuál es la respuesta a tal desastre social que impacta a cada familia que debe enviar a sus hijos y familiares a escuelas, iglesias y lugares de diversión pensando que viven en una zona de guerra fratricida. Sin embargo, los intereses de la industria de las armas de destrucción es tal que cualquier intento de limitar drásticamente su venta y posesión se transforma en el rasgado de vestidura para defender el derecho a portar armas sin ninguna consecuencia. Se puede aducir que aquellos que cometen tales atrocidades son personas mentalmente afectadas. Eso es cierto. Lo que nos lleva a la causa que podría añadirse a la ya señalada. La salud mental como derecho ciudadano ha sido coartada como tema que no se ha traducido en inversiones que permitan identificar y tratar integralmente el problema. Mas aun cuando este país ha enviado a su juventud a guerras en otras regiones del globo y su retorno ha traído consigo serios problemas mentales y de adecuación a la vida nacional. El país está dispuesto a mandar a su juventud a defender intereses considerados de importancia para la seguridad nacional sin pensar que tales soldados merecen recibir los servicios necesarios que luego les permita incorporarse a la sociedad en forma productiva y mentalmente equilibrada. Esto es inmoral y es otro ejemplo de corrupción.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.

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