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La democracia participativa y la consulta popular

Mucho se ha discutido sobre el valor de la consulta en los gobiernos
La democracia participativa y la consulta popular

Publicado 01 noviembre 2018 el 01 de Noviembre de 2018

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La decisión tomada por el presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la cancelación de la obra que se realiza en terrenos pertenecientes al gobierno federal en el municipio de Texcoco para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) —curiosamente nombre masculino de origen árabe que significa “paraíso”, “serenidad”, “calma”, “felicidad”—, enfrenta a los poderes que norman la convivencia de nuestro pacto social: el político, el económico el jurídico y el social.

Con respecto al orden político no debemos llamarnos a sorpresa alguna, el “candidato” López Obrador manifestó durante su campaña electoral que, de ser electo, su administración no continuaría con la construcción de la obra mencionada, ya que la información que tenía a su alcance le hacía presumir que en ella existían irregularidades en cuanto a la designación de contratos, costos sobrevalorados, uso de materiales importados de muy alto monto, severas afectaciones medioambientales y una serie de negocios de proyección futura poco transparentes, entre otras, variables todas ellas que no encajan en el proyecto de la Cuarta Transformación de nuestro país que enarbola el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y cuyo principio fundacional se sustenta en un gobierno con honestidad y austeridad republicana.

Una vez alcanzado el triunfo en las urnas el pasado 1 de julio, de haber recibido la constancia de “presidente electo”, y de analizar junto con su equipo de trabajo en este renglón las posibles alternativas para una obra que sin duda demanda el crecimiento económico de México y es vital para la competitividad global, decidió realizar una “consulta” popular entre quienes quisieran aportar su opinión entre las dos opciones que consideró podían darle luz para tomar una decisión definitiva, aclarando que esa será su forma personal de gobernar: consultar al pueblo sobre decisiones de gobierno que corresponden al sano ejercicio del pacto social.

En el orden político, mucho se ha discutido sobre el valor de la consulta en los gobiernos de democracia representativa, que representa sin la menor duda una manera democrática de generar políticas públicas acordes con el sentir de una población. Así, nuestra Constitución Política, establece en su artículo 35 que es un derecho ciudadano votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición el Presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras; o los ciudadanos, en un número equivalente al menos del 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. También establece que podrán llevarse a cabo el mismo día de una jornada electoral federal y el Instituto Nacional Electoral será el responsable de organizarla y verificar sus resultados conforme al marco jurídico que lo norma.

Resulta evidente que la consulta llevada a cabo por el “presidente electo” en días pasados, no se ajustó a la normatividad expresada en el artículo mencionado, en primera instancia porque todavía no recibe la investidura oficial de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en segunda porque el Instituto Nacional Electoral no contaba con los recursos ni el tiempo para organizarla, y por último no nos encontrábamos en un periodo de elección federal, Sin embargo, la consulta no puede ser considerada ilegal, a pesar de todas las deficiencias con las que fue realizada, ya que no se realizó con recursos públicos, se trató simplemente de una iniciativa que pretendía normar un criterio para la toma de dediciones del convocante en su carácter de “presidente electo”.

Y es precisamente aquí donde debe entrar en juego el Poder Legislativo representado en el Congreso de la Unión con objeto de equilibrar las decisiones de los otros dos poderes. Si el “presidente electo” ha decidido manejar el destino de la Nación a través de consultas populares, éstas deberán sujetarse a los principios de transparencia, objetividad y certeza con objeto de que se ajusten al marco jurídico y no contribuyan a controversias innecesarias en el destino de México, por lo que una de sus primeras acciones deberá ser modificar el artículo 35 constitucional en base a la nueva realidad.

Es indudable que el poder económico de México y los inversionistas globales se mueven en este momento ante la incertidumbre del futuro económico de México. Prueba de ello son las repercusiones presentes en la paridad cambiaria, en el mercado de valores, en las respuestas de las calificadoras internacionales, y en los proyectos de inversión detenidos, sin embargo, tengo la certeza de que ante el bien supremo de la Nación el diálogo y la llegada a consensos y acuerdos, que ya dieron inicio el día de ayer, permitirán al gobierno entrante tomar las decisiones más certeras no sólo para desarrollar la infraestructura aeroportuaria, de conectividad y movilidad que demanda la globalización para el desarrollo sustentable de nuestro país, sino también para otros cambios propuestos.

Destaco las declaraciones del presidente electo del día de ayer: “…Traigo un mandato de los ciudadanos: quieren los mexicanos que se destierre la corrupción y la impunidad…”, pero también las de los titulares de las Secretarías de Turismo y de la de Economía de la actual administración, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo, respectivamente. El primero afirmó: “Necesitamos hacer gobiernos más honestos, que cumplan, que no sean corruptos, pero la ineptitud, la ineficacia y las malas políticas también son una forma de corrupción”, y el segundo expresó: “La decisión de no continuar con el aeropuerto en Texcoco no generará una crisis como la de 1994, decirlo sería una expresión exagerada”.

A la ciudadanía nos corresponde ser corresponsables de las decisiones de políticas públicas que tomen nuestras autoridades y para ello tenemos que involucrarnos más en todos los temas que nos atañen, de eso se trata precisamente la democracia participativa.

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