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Interpondrá Movimiento Renovador Democrático queja contra juez

No ha atendido la instrucción del Tribunal Colegiado para analizar la queja ante el decreto presidencial de las aguas superficiales
Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático; Edilberto López Cruz, del Instituto Mexicano Penitenciario y Juan Rosales Méndez, de la Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles, presentarán queja ante la Corte, contra el juez sexto de Distrito en el estado, por desatender instrucciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Publicado 10 noviembre 2018 el 10 de Noviembre de 2018

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El Movimiento Renovador Democrático (MRD) enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una queja en contra del Juez Sexto del Distrito en el estado, quien no ha atendido las instrucciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que entre al fondo del análisis de la demanda que se interpuso ante el decreto emitido por el Presidente de la República el pasado de 6 de junio, con el que modifica las aguas superficiales del país, entre las que hay cuencas hidrológicas de Veracruz que se verán afectadas.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del MRD, explicó que el Juez Sexto Vicente Salazar López, ha rechazado de manera constante su queja, ante el argumento de que no ha cumplido con las seis prevenciones que le indicó, las cuales, asegura el quejoso, sí ha cumplido, pero a pesar de ello el juez las desecha y le dice que no da lugar por falta de interés jurídico.

Puntualizó que su posicionamiento contra el decreto presidencial se da porque el desvío de las aguas superficiales (72 que abarca el decreto) de las cuales los decretos 26 y 28 corresponden a Veracruz, concretamente en la cuenca del río Actopan, ocasionarán impactos negativos como sequías e inundaciones en la región, ya que con ello se permitirá la extracción y desvío de aguas por parte de empresas privadas, con consecuencias también en la flora, la fauna y la vida de las personas.

Señaló que ese decreto presidencial no se basó en un estudio de impacto ambiental necesario, decisión que ocasionará daños a la ecología, a la fauna, a la flora, y contribuirá al calentamiento global.

“Va en contra del derecho fundamental a la vida que tiene todo ser vivo de tener agua”.

Ante esta situación el Movimiento Renovador Democrático interpuso un juicio de garantías para inconformarse, pero el juez sexto de Distrito del Estado le previene seis indicaciones que debe cumplir, las cuales Moncayo Parra asegura que dio cumplimiento, pero a pesar de ello el juez sexto las desecha y le dice que no da lugar por falta de interés jurídico.

Derivado de ello, el presidente del Movimiento Renovador Democrático presenta un recurso de queja ante el Pirmer Tribunal Colegiado en materia administrativa que la da la razón, en el sentido que su queja es fundada.

Ello, explica a su vez el abogado Edilberto López Cruz, presidente del Instituto Mexicano Penitenciario, obliga al juez sexto a que entre de fondo al estudio y pida los informes que debe enviar el Presidente de la República, la Secretaría del Medio Ambiente, Conagua, sobre los argumentos en que se basaron para hacer el decreto que desvía las aguas.

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El abogado coincidió en que ese decreto perjudicará el futuro a toda la sociedad mexicana y a la de Veracruz, porque permitirá la explotación del agua con fines particulares y abre la puerta a que mineras, empresas, fábricas, contaminen en este caso las aguas del río Actopan, y sus consecuencias a toda una amplia regíón.

“Entonces el juez hace caso omiso y le dice a Moncayo que se deseha de plano porque no presentó las prevenciones, cuando éstas ya las cumplió, pero el juez no se ha dedicado es estudiar el fondo del asunto como le ha instruido el Tribunal”, precisó.

Por ello el MRD, el Instituto Mexicano Penitenciario y la Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles que encabeza Juan Rosales Méndez, introducirán una queja en contra del juez por lo cual hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ponga vista al juez sexto.

Hacen un llamado también al Congreso de la Unión para que en su próxima sesión se analice el decreto de la modificación de las aguas superficiales hecho por el Presidente de la República.
“Lo que nosotros queremos es que el juez nos ponga a la vista los informes de las autoridades responsables, porque esto causará un daño muy grave a la población, causará un ecocidio, daños a la flora y fauna irreversibles y contra la vida humana por falta de agua”.

El juez demuestra que no tiene capacidad para resolver el planteamiento que le está haciendo el Tribunal Colegiado en materia administrativa, indicó López Cruz..
Por ello el Movimiento Renovador Democrático pide la protección de la Justicia Federal para que se detenga la aplicación del decreto.

Moncayo Parra planteó que si el juez sexto no tiene la capacidad para resolver el caso que renuncie, ya que “muestra desidia ante un caso con grandes riesgos de perjudicar a la población como es el tema del uso de las aguas superficiales”.

Además, sostuvo, que no cumple con un mandamiento que le da un superior.

Lo que buscamos, señaló, es hacer valer el derecho como sociedad, de protegernos ante decisiones que nos pueden perjudicar, pero “se nota que el juez de referencia responde a otros intereses y no a los intereses de la comunidad”, fustigó Marco Antonio Moncayo.

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