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Incumple Gobierno Alerta de Género

En una entidad con ocho feminicidios al mes, faltan acciones para frenar la violencia.
Fuente: Archivo

Publicado 17 octubre 2018 el 17 de Octubre de 2018

por

Francisco Estrada/El Dictamen

Miguel Ángel Yunes Linares está a solo 45 días de dejar la gubernatura del Estado, y entre muchos otros compromisos que incumple, fue el anuncio hecho a las mujeres azotadas por la violencia, activistas, académicas y víctimas indirectas: cumplir con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas por violencia feminicida.

La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en una solicitud de información señala ese incumplimiento.
Esta promesa, hecha el 2 de marzo de 2017, cuando se llevó a cabo la instalación del Grupo Institucional y Multidisciplinario (GIM), se desquebrajó por completo meses después, cuando negó que el gobierno que encabeza estuviera preocupado por la presencia de este fenómeno en la entidad .

El 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) hizo la declaratoria para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa y a casi dos años, la CONAVIM admite que los avances que se han tenido han sido mínimos, en una solicitud, colgada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),

Hasta ahora, según la respuesta, no se ha podido concretar, ni siquiera un padrón de víctimas directas e indirectas, dada la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de entregar un informe detallado de los casos de homicidios violentos contra mujeres en suelo veracruzano.

Acciones quedaron en planes

Tampoco se ha podido realizar un reporte mensual de sanciones, casos, explicaciones y procesos iniciados en contra de funcionariado que pueda presentarse al grupo de trabajo para determinar la efectividad de cumplimiento en materia de justicia y reparación

En el limbo quedó la definición de un plan individualizado de reparación de daño y quedó en el tintero realizar el plan individualizado y su programa de ejecución que pueda comunicarse a las víctimas y o sus familiares, así como el reporte de resultados del plan individualizado que pueda brindarse al grupo de trabajo para su seguimiento.

En cuanto a la adopción de medidas necesarias para garantizar el derecho a la justicia y que se investiguen y que se resuelvan todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios, se pretendía reuniones de trabajo autoridades vinculadas con investigación, atención a víctimas, procuración de administración de justicia a efecto de determinar el número de víctimas directas por violencia feminicida, pero también quedaron pendientes por realizarse.

En ese mismo estatus se encuentra la intención de realizar una base de datos contemplando a organizaciones de la sociedad civil que permita incluir a todas las mujeres víctimas y sus familias dentro de la medida de reparación simbólica. Simple y sencillamente no se cumplió.

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De acuerdo con el documento de Transparencia, tampoco se concretaron las reuniones de trabajo con sociedad civil y familiares de las víctimas a efecto de determinar las medidas de reparación.

Lo referente a la creación de una unidad para investigación de feminicidios quedó pendiente capacitar a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a efecto de que conozca la integración de la unidad de contexto y sus alcances, forma de trabajo y manera de replicar dicha unidad del Estado para aplicar nuevos conocimientos respecto a la investigación de casos de feminicidio, que den respuesta a familiares de las víctimas y a la sociedad en materia de justicia.

Acceso a la justicia, un pendiente más

Mucho menos se pudo presentar el modelo de operación de la unidad de contexto, alcances modelos de protocolos de atención vinculados con sociedad civil y autoridades. En cuanto a la estrategia de adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho la justicia, la meta era crear un grupo de profesionistas que revise carpetas de investigación relativas a los delitos de violencia contra las mujeres y las niñas, a efecto de revisar su debida diligencia y exhaustividad hasta su completa investigación y resolución.

Entre las actividades meta se establecía realizar un diagnóstico muy preciso que indique si en las carpetas de investigación hubo diligente ejecución considerando la aplicación de protocolos de investigación, historia, servicios periciales con base en estándares internacionales, así como determinar si una estrategia de capacitación al funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) encargado de atender las denuncias por violencia contra mujeres y niñas.

El resultado fue el establecimiento de perspectiva de género en materia de justicia y reparación que contiene el análisis cualitativo de todos los protocolos y carpetas de investigación y el desarrollo de herramientas que permiten conocer el estado actual que guarda en las carpetas de investigación.

Ocho víctimas por mes

La estadística oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), que reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo contempla el 60 por ciento de los casos de feminicidio que se reportaron en el primer semestre en Veracruz. Pese al subregistro la entidad se ubica en segundo lugar con el mayor número de casos.
Pero existen otros datos que ha generado el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV), que da seguimiento a la nota roja de los principales medios de comunicación, donde señala que se acumulan 58 asesinatos de mujeres por condición de género de enero a julio, es decir ocho víctimas por mes.

Las cifras rojas, que ponen a Veracruz en un segundo lugar nacional en incidencia de estos casos, solo muestran que la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género (AVG) ha logrado muy poco, o casi nada, para detener la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios y la impunidad, que en cambio siguen avanzando con paso firme.

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