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Demanda exfiscal general a juez federal resolver amparo

En misiva enviada a Jorge Holder Gómez, Luis Angel Bravo le pide dictaminar sin más dilaciones

Publicado 30 octubre 2018 el 30 de Octubre de 2018

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El juez decimoquinto de Distrito en el Estado, Jorge Holder Gómez, recibió ayer lunes un manuscrito signado por Luis Angel Bravo Contreras en el que le solicita, con fundamento en el Artículo 1 Constitucional, resolver sin mayor dilación el juicio de amparo 648/2018, que fuera promovido por el exfiscal general del Estado, contra la medida cautelar dictada por la juez de Control Alma Aleida Sosa Jiménez dentro del proceso penal 103/2018 contra se instruye contra Bravo Contreras y otros exfuncionarios de la FGE pot el delito de desaparición forzada de personas en la hipótesis contenido en el artículo 318 quinquiés inciso a) del Código Penal de Veracruz vigente en la época de los hechos, que sanciona con pena de prisión “(…) a quien sin ser autor o partícipe (del delito de desaparición forzada) incurra en alguna de las conductas relacionadas con este delito conforme a lo siguiente: a) ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de personas o su equiparado”.

El juicio de amparo antes citado se radicó desde el 11 de julio de 2018 y el acto reclamado por el quejoso Bravo Contreras, fue la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada por la juez Alma Aleida Sosa Jiménez.

Luego de ser diferida, la audiencia constitucional relativa a dicho juicio fue celebrado el pasado 10 de octubre.

En septiembre pasado, el mismo juez Jorge Holder Gómez concedió el amparo a María del Rosario Zamora González el amparo y protección de la justicia federal en contra del mismo acto reclamado por Bravo Contreras, por lo que constituye ser un importante antecedente que favorece al exfiscal general, ya que aquel fallon determinó illegal la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por la misma Alma Aleida Sosa Jiménez contra Zamora González.

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En su manuscrito, Bravo Contreras refiere que existe ilegalidad desde su detención el 17 de junio pasado, pues en ese momento se encontraba protegido por una suspensión provisional concedida a su favor por la juez quinta de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, y en razón de que el delito por el que se le instruye el proceso 103/2018 no amerita prisión preventiva oficiosa, no podía ser privado de su libertad en cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra por petición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En su misiva, Bravo Contreras marcó copia “para su conocimiento” al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

El también expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, solicitó que en vista de las notables violaciones cometidas a sus Derechos Humanos, se ordene su inmediata libertad, al pronunciarse su sentencia que en Derecho proceda, ello con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de México, cuyo contenido impone interesantemente que “en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

“Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitiución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

“Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencias, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos en los términos que establezca la Ley (…)”.

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