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Reclusos se vuelven “veracruzanos invisibles” en penales estatales

Son sometidos a tratos degradantes, sin defensas legales adecuadas, en cuya reclusión desemboca toda la trama de corrupción que empieza desde los ministerios públicos, jueces, custodios, defensores de oficio, directores de penales y demás involucrados en el sistema penitenciario

Publicado 23 agosto 2018 el 23 de Agosto de 2018

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En los penales de Veracruz los presos son los “veracruzanos invisibles”, quienes en su mayoría sin recursos no tienen para cubrir el pago de la “talacha”, sometidos a tratos degradantes, sin defensas legales adecuadas, en cuya reclusión desemboca toda la trama de corrupción que empieza desde los ministerios públicos, jueces, custodios, defensores de oficio, directores de penales y demás involucrados en el sistema penitenciario.

La “radiografía” la muestra el activista Luis Filiberto Rodríguez Pérez, quien pasó más de 8 años preso en los reclusorios de Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, acusado de un fraude que no cometió, lapso que le sirvió para conocer y comprobar que en laentidad no existe una política pública que beneficie el interno, con vicios que se arrastran sexenio tras sexenio.

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Ante ello, se pregunta si el próximo gobierno estatal tiene ya el diseño de un nueva política pública y la capacidad de aplicarla para convertir a los 17 penales de la entidad, con una población de 22 mil internos, en verdaderos centros de readaptación social, o seguirán operando como centro de acción de grupos criminales y de negocios, en donde hasta llamadas por celular dejan cuantiosos dividendos a quienes controlan este “servicio”.

En entrevista con EL DICTAMEN, denunció que en los ceresos en donde purgó una injusta condena, la operación y dirección de los penales es compartida por una célula de un grupo de la delincuencia organizada y las autoridades.

“Hay venta de drogas, robo de mercancía, parte de los víveres destinados a la alimentación de los internos es destinada a establecimientos comerciales externos. Hay también extorsiones que hace la dirección con las preliberaciones, pues a quien no paga11 mil pesos se le niegan los estudios”.

Aseguró la existencia de aparatos celulares que se controlan de manera interna, cuyas llamadas de salida tienen un costo de 7 a 8 pesos por minuto y las de entrada 4 pesos.

Subrayó que las torturas, golpes, aislamientos y maltrato no se han erradicado, pues quienes no tienen para pagar las cuotas son sometidos a esas prácticas.

Reiteró que el sistema penitenciario en la entidad, como en el país, no aplica la obligación legal de las preliberaciones, ya que ello significaría empezar a vaciar los penales, y ello no conviene a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social “porque se acabaría el negocio que hay en el interior de cada penal”.

Consideró que las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos se queda corta en las acciones de supervisión de las cárceles, porque la violación esos derechos al interior son acciones cotidianas.

Frente a este panorama, Rodríguez Pérez expresa la necesidad de que las próximas autoridades estatales den prioridad al Sistema de Readaptación Social en Veracruza, en principio con la designación de personas profesionalmente preparadas y con la sensibilidad necesaria para imbuirse de las injusticias y atropellos que suceden en este sector.

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