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Aborto en Veracruz entra en conflicto político

Congreso busca ampararse para no legalizar la interrupción del embarazo
Aborto en Veracruz entra en conflicto político

Publicado 10 julio 2018 el 10 de Julio de 2018

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  • Activistas piden juicio político contra diputados que no acaten la orden de juez

Por: Luis Zavaleta

La discusión se volvió a abrir, luego de que se aprobara un amparo interpuesto por distintas organizaciones de la sociedad civil, un juez ordenó al Congreso del Estado de Veracruz despenalizar el aborto.

El pasado 3 de junio el Juez Federal Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, emitió una sentencia al considerar que el Congreso incurrió en omisión Legislativa, por lo que ordenó reformar el Código Penal de Veracruz para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el estado.

La sentencia obliga a ampliar las causales del aborto y estableciendo la semana 12 como fecha límite para interrumpir un embarazo de manera legal, al igual que modificar los artículos 149, 150 y 154, antes del día 31 de julio de 2018.

Lo que permitiría cumplir con las observaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que en diciembre de 2017 emitió la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado (AVGAC).

Sin embargo, la medida ha sido calificada como un “exceso” de acuerdo al diputado local Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya que el legislador consideró que esta orden viola la soberanía de la Cámara de Diputados.

Además el diputado subrayó que la fecha límite para impugnar la excesiva determinación, es el 15 de julio, no obstante la Jucopo tomará la decisión de si acata o no la apelación del Juez de Distrito el próximo miércoles.

“Tenemos como Congreso esa atribución de apelar, esa es una decisión que se tomará en conjunto con todos los coordinadores de la Junta de Coordinación política. Creo que la decisión del juez rebasa la soberanía del Poder Legislativo”, afirmó el legislador.

Por lo que el área jurídica ya trabaja en el documento que presentarán ante el Poder Judicial y en caso de que no proceda, ellos modificarían la ley local, como lo sugirió Conavim en 2017.

Pero de no acatar la resolución del juez, estarían incumpliendo con la ejecutoria de un Juez Federal, lo que podría derivar en una sanción o en la solicitud de juicio político de acuerdo con miembros del Frente Veracruzano por los Derechos de las Mujeres.

Próxima legislatura local, podría despenalizar el aborto en Veracruz

Buscan amparo contra legalización del aborto

“Ellos ya tuvieron la iniciativa en sus manos, ellos votaron en contra de la iniciativa y ante esta negativa que atenta contra los derechos y la salud reproductiva de las mujeres el Observatorio (OCNF) y otras organizaciones civiles en el estado tomaron la decisión de interponer este amparo”, dijo Alma Celia San Martín, integrante del frente.

Las modificaciones

El texto vigente del artículo 149 señala que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de las etapas. La propuesta de reforma solicitada era estipular que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

El artículo 150 asienta que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. La reforma solicitada iba en el sentido de cambiarlo por: la aplicación de medidas específicas e integrales con respeto a los derechos humanos.

Además, el grupo de trabajo estimó pertinente solicitar la revisión del primer enunciado del Artículo 154, que a la letra dice: “el aborto no es punible cuando”. En opinión de las asociaciones civiles, la concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no medie una sanción o una pena después de un proceso penal.

Sin embargo, la modificación del Código Penal, llevaría al incumplimiento de la Constitución del Estado, la cual estipula que “El Estado garantizará el Derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” en el artículo 4°.

La modificación de este artículo se realizó en 2016 durante la administración de Javier Duarte y que fue señalada de apoyar intereses de grupos religiosos, que incluso estuvieron presentes durante la firma del decreto.

La modificación, se realizó en menos de 72 horas desde que fue presentada por el ex mandatario y la firma del decreto “Sí a la vida” se realizó con la misma velocidad, con el objetivo de proteger y salvaguardar el derecho a la vida.

Esto a su vez derivó en que el Conavim interpusiera la segunda AVGAC, cuyas recomendaciones no fueran acatadas por el estado y que hoy reabre la discusión sobre el aborto.

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