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Iniciativa privada podría explotar agua donde extracción estaba completamente restringida

La medida, supone cambiar la catalogación de casi 300 de las 757 cuencas de México
Foto: twitter/ @RafaelPacchiano

Publicado 19 junio 2018 el 19 de Junio de 2018

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Luego de la decena de decretos que el gobierno mexicano promulgó el pasado 5 de junio se elimina la protección sobre grandes cuencas hídricas de México y con ello se abre la puerta al uso de esa agua por parte de agentes privados, según informa El País.

En los citados decretos presidenciales, Enrique Peña Nieto, convierte las zonas de veda —en las que la extracción de agua está casi completamente restringida— en zonas de reserva —también protegidas, pero en las que se permite, de manera limitada, la explotación, uso o aprovechamiento del agua, incluso por parte de privados, si las autoridades lo consideran “de utilidad pública“— y deja, según dos juristas consultados, en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la posibilidad de otorgar concesiones de uso de este recurso a compañías de diversos sectores, entre ellos la minería, la fracturación hidráulica (fracking), la industria refresquera o la generación de energía hidroeléctrica. La citada Conagua ha desmentido tajantemente en un comunicado que se trate de una privatización del agua.

La decena de resoluciones promulgadas cambian el estatus de una cantidad “muy significativa” de agua en México, según Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de varios trabajos sobre derecho al agua en el país latinoamericano.

“Sin embargo, el Gobierno va más allá: no solo pasa de veda a reserva, sino que se abre la puerta a la concesión de parte de los volúmenes a empresas y a que organismos privados hagan negocio con el agua. En sí, el decreto no privatiza nada pero sí es un paso más —y grave— hacia la privatización de este recurso”, añade. “Es algo muy preocupante, que habilita el acceso al agua para actores a los que les estaba costando trabajo”.

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Los decretos, critica la coordinadora nacional Agua para Todos, el mayor ente mexicano en defensa del derecho humano al agua, que agrupa a casi una treintena de organizaciones de todo el país, “van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales”.

Según el análisis de esta organización, hasta 50.000 derechos de uso de ejidos y comunidades indígenas en estas zonas protegidas que ya han caducado se liberarán para poder ser concesionados a privados.

“Es un movimiento altamente riesgoso”, enfatiza María Luisa Torregrosa, de Flacso y de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. “Al quitar la veda a las concesiones, lo que tenemos es la posibilidad futura de ceder el derecho al agua durante varias décadas. Y se abre la vía, también, a la transferencia de agua de unas zonas a otras. Es una forma de liberalizar el agua que estaba protegida por un problema escasez”, dice, en la misma línea, Karina Kloster, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y autora de varios trabajos sobre el problema hídrico en el país norteamericano.

“Aunque las vedas han sido violadas sistemáticamente por la Conagua en las tres últimas décadas”, critica Elena Burns, responsable de Planeación del Centro para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y colaboradora de Agua Para Todos, “las empresas requieren de seguridad jurídica en sus concesiones. De ahí la medida”. “No se puede permitir esto”, complementa Raúl Pacheco-Vega, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) especializado en la gestión de recursos naturales. “Es un mensaje muy claro: haz negocio con nosotros porque no se sabe si podrás con el Gobierno entrante”.

Según los cálculos de Pacheco-Vega, el 80% de las cuencas hídricas mexicanas ya están sobreexplotadas, y este cambio legal no hará sino profundizar esa situación. “Básicamente lo que permiten estos decretos es cambiar la política hidráulica mexicana de centrada en la conservación a privatizadora”, agrega por teléfono. “Es, en definitiva, una privatización secundaria: no se trata, literalmente, de vender el agua en este momento, pero sí se autoriza el uso futuro para industrial y de servicios”.

Algunos juristas, como Yenny Vega —investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá) que ha estudiado diferentes casos que afectan al reparto de recursos hídricos en Norteamérica y Sudamérica— ponen el acento en las “contradicciones” en las que incurren los decretos: “Describen el uso de las vedas como herramienta para proteger y, posteriormente, dicen que las quita para proteger al medioambiente y que la medida pretende estimular el desarrollo económico. Se presenta como una protección ambiental, pero es todo lo contrario”.

El único académico consultado por EL PAÍS que quita hierro al decreto es Gonzalo Hatch, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM: “El gran problema es que en México no hay un método de fiscalización sobre el método de asignación de concesiones, además de que manejar el agua por decreto y no por ley es autoritario. Sin embargo, estos afectan solo a los recursos superficiales, y el 97% del agua disponible en México es subterránea”.

Conagua ha hecho público este lunes un comunicado en el que niega que la medida suponga la privatización del agua. “Por el contrario”, subraya la comisión, “permitirá preservar el medioambiente y garantizar el agua para el consumo de humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección de 50 años [sic]”.

Con información de El País

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