Zumby Pixel

¿Es legal que los patrones orienten el voto de sus empleados?

Después que empresarios mexicanos instaran a evitar el voto a favor del candidato de Morena y líder en los sondeos, Andrés Manuel López Obrador, se abrió el debate sobre la pertinencia de sus pronunciamientos.

Publicado 01 junio 2018 el 01 de Junio de 2018

por

Las leyes mexicanas consideran la coacción para votar o no a un candidato como un delito. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha catalogado los comentarios de los magnates como parte de su derecho a la libre expresión.

Dos de los hombres más ricos de México han trasladado a sus empleados en los últimos días la conveniencia para votar por aquellos candidatos que conserven el mismo paso económico de los últimos años y asegurar, así, la viabilidad de las empresas en las que trabajan.

Uno de ellos, Germán Larrea, presidente de Grupo México y segundo hombre más rico del país, envió el martes una carta en la que alertaba a sus trabajadores contra el sufragio por “un modelo económico populista”. La misiva, en cuyos párrafos más polémicos no había menciones explícitas a López Obrador, fue enviada a empleados, accionistas y colaboradores del gigante empresarial.

Por su lado, Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal y el tercer magnate mexicano, citaba por su parte a reuniones en las que se invitaba a los empleados a votar el próximo 1 de julio por la opción con más posibilidades de derrotar al aspirante de Morena. Una apelación al voto útil a la que se han sumado los líderes de Aeoméxico, Femsa o Vasconia, entre otros, y que ha desatado importantes críticas.

Empresarios no violan ley por llamar a votar contra el populismo: Beatriz Paredes Rangel

INE pide a empresarios no enturbiar elecciones

Los comentarios de los empresarios mexicanos se encuentran al límite de lo permitido: su opinión, a pesar de considerarse parte de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución, se han vertido ante un grupo de subordinados por lo que podría ser interpretado como una presión o coacción al voto, según juristas y abogados consultados por EL PAÍS.

“No es algo que hayan dicho de manera natural, sino que está preelaborado de manera intencionada”, apunta César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en referencia directa al caso de Grupo México. “Es una línea de tensión muy compleja entre lo que se podría considerar delito y lo que no. En este punto, lo que habría que hacer es una llamada a la prudencia y a la autocontención, porque se trata de uno de los empresarios más poderosos del país, con miles de empleados a su cargo”, señala.

“Es un tema complicado: los empresarios tienen derecho a opinar, como cualquier ciudadano, pero no a presionar a sus empleados. La situación está al filo de la navaja: no se les puede acusar de presión [a estos empresarios] a pesar de que claramente están tratando de presionar”, opina María Marván, ex consejera presidenta del Instituto Federal Electoral (hoy INE).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.

US - US -