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Suben el precio del alcohol en Escocia como medida contra las adicciones

Gracias a la iniciativa, una botella de whisky no podrá venderse en el país por menos de 361.57 pesos

Publicado 02 mayo 2018 el 02 de Mayo de 2018

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Escocia fijó ayer un precio mínimo al alcohol por la compra de cualquier bebida alcohólica, una medida pionera a nivel global, cuyo objetivo es desincentivar el alto consumo de alcohol que causa miles de muertes al año y eleva la criminalidad.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, calificó la iniciativa como una medida audaz y valiente tras años de batalla legal.

Escocia fijó un precio mínimo de 50 peniques (12.91 pesos) por unidad de alcohol, una medida que toma en cuenta a la vez la cantidad de alcohol y el volumen del producto.

Medidas similares se aplican ya en seis países como Canadá, algunos estados norteamericanos, Rusia, Moldavia, Ucrania y Uzbekistán.

Una botella de 700 mililitros de whisky no podrá venderse en Escocia por menos de 14 libras esterlinas (361.57 pesos) y una de 750 mililitros de vino con una graduación de 12.5 grados costará 4.69 libras (121.13 pesos).

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Esta iniciativa, destinada a combatir los estragos causados por el alcohol, cuenta con el visto bueno de médicos y asociaciones que la consideran el mayor progreso en materia de salud pública desde la prohibición de fumar en lugares públicos.

En 2016, mil 265 muertes en Escocia (5.3 millones de habitantes) estaban relacionadas con el consumo de alcohol, un aumento de 10 por ciento con respecto al año pasado.

La medida entró en vigor después de años de demandas judiciales que la fueron retrasando. El año pasado el Tribunal Supremo apoyó la iniciativa del gobierno escocés, al desestimar el recurso presentado por la Asociación del Whisky Escocés (SWA) y otros representantes de la industria.

Siete jueces de Londres declararon unánimemente que la fijación de un precio mínimo era “un medio proporcionado para alcanzar un objetivo legítimo” y no violaba las leyes europeas. Esto puso fin a una batalla legal que llegó al Tribunal Europeo de Justicia en 2015.

Pese al fracaso del recurso, un portavoz de la SWA declaró que la industria trabajó “en cooperación” con el gobierno para la aplicación de la medida.

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