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La UE contra injerencia privada en sector público

Clara tendencia en la administración pública mexicana

Publicado 02 abril 2018 el 02 de Abril de 2018

por

Dr. Armando Rojano Uscanga

En un informe especial, el Tribunal de Cuentas Europeo critica duramente la participación privada en infraestructuras y servicios públicos y recomienda a los países miembros que no promuevan modelos público-privados. En España, por ejemplo, ese modelo sirvió para financiar autopistas de peaje que ahora debe rescatar el Estado, pero su gobierno dice no tener dinero para pensiones.

El Tribunal de Cuentas Europeo, el principal órgano de control financiero de la Unión Europea, critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia, retrasos y sobrecostes, entre otras deficiencias. Además, recomienda que ni la UE ni sus Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se resuelvan los principales problemas identificados en su informe “Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados”, publicado el pasado 20 de marzo.

El documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas. Añade que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes, donde la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos. Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público. Desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. Abre la sospecha de corrupción política, como que en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público.

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