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¿Qué proponen los presidenciables para acabar con la corrupción?

Propuestas que van desde endurecer las sanciones económicas y de inhabilitación a servidores públicos, hasta "mochar" manos".
Foto; Agencias

Publicado 24 abril 2018 el 24 de Abril de 2018

por

Rubén Licona Vázquez

Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, asegura que irá contra los políticos corruptos quienes roban más que los grandes delincuentes de los que se habla.

Planteó gobernar con el ejemplo, limpiar el gobierno de arriba para abajo, terminar con todos los privilegios en el gobierno, reducir los sueldos de los de “arriba” y mejorar los sueldos de “abajo”.
Aseguró que ganará menos de lo que recibe el Presidente actualmente, que venderá la flotilla de aviones y helicópteros de los políticos. “Si hay voluntad del Presidente se puede acabar con la corrupción”, asentó.

José Antonio Meade Kuribreña, de la Coalición Todos por México planteó tres puntos precisos: Confiscar dinero, propiedades y bienes a quienes hayan cometido un acto de corrupción, a través de un proceso ágil de extinción de dominio.

Propuso que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo corresponsable y unido, y habló de un conjunto de iniciativas de Ley para combatirla.

Se pronunció por endurecer las sanciones económicas y de inhabilitación a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción, así como a personas físicas y morales.
Así como la certificación patrimonial obligatoria a funcionarios para que, más allá de las declaraciones Tres de Tres, un órgano certifique la evolución patrimonial de los servidores públicos para que corresponda el ingreso con la declaración de impuestos y de patrimonio.

Los ministerios públicos deben ser autónomos, con facultades para llamar al poder a declarar. Los contratos deben ser transparentes.

Meade, listo para recibir departamentos de AMLO (VIDEO)

¿Qué opinan los jarochos sobre “mocharle la mano a quien robe”?

Por su parte, el candidato Independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco“, propuso mocharle la mano a los servidores públicos que roben al erario, mediante una iniciativa que enviará al Congreso y expresó su expectativa por ver si los legisladores se atreven a aprobarla.

Habló de retirar el financiamiento público a todos los partidos políticos para evitar el mal uso de los recursos públicos.

Planteó el nombramiento de un fiscal general autónomo, propuesto por la sociedad civil, como ocurrió en Nuevo León, así como la revocación de mandato como un mecanismo de castigo a los gobernantes que no hagan bien su trabajo, o no cumplan con sus propuestas de campaña.

La también Independiente Margarita Zavala se pronunció por consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, crear una Fiscalía General Autónoma con un nuevo diseño que sea realmente independiente y una Fiscalía Anticorrupción.

Planteó también acabar con la impunidad, otorgando todo el presupuesto a la Fiscalía, para que tenga el poder de ejecutarlo, así como crear cárcel especial para el crimen organizado y de los corruptos para que compartan espacio.

Aseguró que tiene los valores para defender a la población de la corrupción y se pronunció por regresarle dignidad a la política. “Voy a ser implacable contra los corruptos. Voy a cerrar los espacios de la corrupción”.

Resaltó la necesidad de fortalecer una cultura de legalidad.

En tanto Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente, se declaró a favor de eliminar el fuero, con la creación de una fiscalía general y otra anticorrupción autónomas e independientes, modificar el artículo 108 constitucional para que el Presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, así como la revocación de mandato para que la ciudadanía decida si el Presidente sigue o no en el cargo.

Reconoció que existe presupuesto para distintos rubros pero se roba, habló de aplicar cárcel y muerte civil a los corruptos, ya que por actos de corrupción nadie debe poder volver a tener un cargo público.

Consideró que todas las transacciones de servidores públicos deben ser transparentes, se debe poder darles seguimiento y eliminar el uso de efectivo en transacciones públicas y, con ello, evitar la opacidad en los recursos.

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