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Tribunal peruano ordena liberar a expresidente Humala y esposa

Humala y Heredia son investigados por el fiscal Germán Juárez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir
Foto: Agencias

Publicado 26 abril 2018 el 26 de Abril de 2018

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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó hoy un pedido de “habeas corpus” y revocó la prisión preventiva que cumplían el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, mientras son investigados por presunto lavado de activos, confirmaron fuentes oficiales.

“El Tribunal Constitucional ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el ‘habeas corpus’ presentada por la defensa del expresidente de la República Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia”, informó el presidente del TC, Ernesto Blume.

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El magistrado agregó, en una rueda de prensa, que la decisión del máximo tribunal constitucional peruano ha ordenado que la situación judicial de Humala y Heredia vuelva “al régimen que estaba” antes de la orden de detención preliminar.

“Es decir, la comparecencia con las restricciones respectivas que corresponden”, remarcó.

Sostuvo que el plazo de cumplimiento de la sentencia “es inmediato, tratándose de una orden de excarcelación” y deberá aplicarse en cuanto se informe a las partes y se cumplan los trámites que ordena la ley.

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Blume también confirmó que la decisión se tomó por cuatro votos a favor y tres en contra, tras lo cual remarcó que la sentencia no establece “precedentes vinculantes”, pero sí estándares para la aplicación de la prisión preventiva en el país.

El expresidente y su esposa están detenidos desde julio del año pasado en el penal de Barbadillo en Ate y en la cárcel de mujeres de Chorrillos, respectivamente, por los presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011 y del Gobierno venezolano en los comicios de 2006.

Humala y Heredia son investigados por el fiscal Germán Juárez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, al supuestamente no declarar donaciones para las campañas a las elecciones de 2006 y 2011.

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