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Fiscalía en Nueva York quiere saber cuánto le paga “El Chapo” Guzmán a sus abogados

El planteamiento fue presentado en vísperas de la audiencia judicial que tendrá lugar el próximo martes.

Publicado 13 abril 2018 el 13 de Abril de 2018

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La defensa del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán se opuso hoy al intento de la Fiscalía de usar datos de los honorarios recibidos por los abogados para intentar demostrar el origen oscuro de sus ingresos en el juicio contra el narcotraficante en Estados Unidos.

La oposición está recogida en un recurso presentado hoy por la defensa legal de “El Chapo”, días después de que la fiscalía hiciera una larga presentación judicial con 10 mociones sobre distintos aspectos del proceso.

En una de ellas, la fiscalía pide al juez que se admita como elemento de pruebas evidencias sobre los pagos que ha realizado Guzmán a sus abogados como parte del acuerdo alcanzado para cubrir los costos de su defensa legal.

La fiscalía sostiene que ofrecerá “evidencias que prueban la riqueza del acusado que no ha sido explicada y sus ingresos sustanciales”, lo que considera “relevante” para establecer la vinculación del Chapo con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Pero el bufete Balarezo Law, que representa al mexicano, solicitó hoy al juez que esa moción sea desestimada y pide considere el impacto que pueda tener en su derecho para contar con la debida defensa legal en los procedimientos judiciales.

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Si se admite esa moción, dicen los abogados del Chapo, “se derrumbarán completamente” los intentos de la fiscalía de intentar demostrar que El Chapo está protegido por el debido proceso, recogido en la Constitución.

El intento de la Fiscalía de “presentar evidencias sobre los pagos sobre los honorarios (a los abogados) es un asalto burdo en los derechos” de Guzmán recogidos en la sexta enmienda de la Constitución, dice el bufete.

También cree que la Fiscalía no ha aportado evidencias por las cuales considera que esa información puede ser relevante.

En su recurso, los abogados del Chapo recuerdan las especiales condiciones en las que está recluido el mexicano, las limitaciones en sus comunicaciones con familiares y sus abogados y los retrasos que está teniendo la fiscalía en la presentación de pruebas.

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