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Washington VS California por inmigrantes

Gobierno federal habla de una "Guerra Civil"

Publicado 11 marzo 2018 el 11 de Marzo de 2018

por

Dr. Armando Rojano Uscanga

Estados Unidos es la nación que ejerce plenamente su federalismo y lo demuestra cuando sus estados se oponen abiertamente a las decisiones federales, como es el caso de los inmigrantes, en que el Estado de California defiende a sus ciudades santuario y el Fiscal federal Jeff Sessions dice: “Voy a utilizar todo mi poder para frenar a California”, en tanto que el gobierno central compara la protección legal a los indocumentados en el Estado con la rebelión del Sur durante la Guerra Civil.
Así plantea el Gobierno de Donald Trump la batalla que viene, que comenzó con una demanda de Sessions contra tres leyes de California que, según el Departamento de Justicia, entorpecen la labor de la policía de inmigración, pues el estado está utilizando todos los poderes que tiene, y algunos que no tiene, para frustrar la aplicación de la ley federal. El gobernador, el demócrata Jerry Brown, calificó la acción del Gobierno de “declaración de guerra”.
Se estima que una cuarta parte de los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles de Estados Unidos viven en California, el estado más poblado del país, donde son considerados imprescindibles para la economía y la convivencia en general. El Estado se comprometió desde el día uno de la Administración Trump a combatir las políticas del presidente llevando al límite su jurisdicción y aprovechando cualquier resquicio en el equilibrio constitucional entre los poderes federales y los estatales.
El Departamento de Justicia hizo una denuncia de inconstitucionalidad que podría convertirse en un caso definitivo sobre las leyes de inmigración. Presentada en los juzgados federales de Sacramento, dice que tres leyes aprobadas por California el año pasado son inconstitucionales porque contradicen la “supremacía” de las leyes federales. Entre ellas, la que más ruido ha hecho en Washington, la llamada ley del estado santuario SB54, que prohíbe a todas las fuerzas de seguridad de California colaborar con la policía de inmigración salvo por orden judicial y en casos de delitos graves, una política habitual en las grandes ciudades, no solo de California, sino de todo el país.

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