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Por: Rubén Licona Vázquez
José Luis Santiago López

Publicado 05 marzo 2018 el 05 de Marzo de 2018

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Otra voz que lanza alerta ante la visible línea de imponer en Veracruz al fiscal anticorrupción, es la de José Luis Santiago López, presidente de Fuerza Empresarial en el Estado, quien considera que sería un grave error que desde las esferas del poder se presione para que en ese puesto sea elegida una persona ligada a las actuales autoridades.

Subraya que si se da un paso en falso y se hace una designación por dedazo, en donde el Congreso sólo sea validador de la imposición, se volvería a la falta de credibilidad y al avasallamiento de las instituciones, como sucedió en el sexenio inmediato anterior.

Por ello, el representante empresarial hace un llamado a los diputados a valorar ampliamente a la terna, y a no ceder a recomendaciones, y presiones que buscan acomodar a alguien de la misma línea de la Fiscalía actual.

“Sería grave caer en ello, no es cualquier cosa, porque el estado de Veracruz después de ese saqueo de las arcas públicas a que fue sometido y el tema de impunidad, requiere de recuperar la confianza desde las formas de elección”.

DESAPARECIDOS

Por cierto, ahora que crece la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas porque se les abran las puertas de la Academia de Policía de El Lencero, para buscar restos de personas víctimas de desaparición forzada a manos de la Policía Estatal anterior -según versiones atribuidas a un testigo protegido- las cuales aparentemente fueron sepultadas en fosas clandestinas en esas instalaciones, el diputado de Morena, Rogelio Arturo Rodríguez García, considera que los familiares de víctimas están en su derecho de pedir ser incluidos en la elaboración de la Ley de Desaparición Forzada Veracruz.

“El Congreso del Estado está abierto y hay total apertura a la participación de los colectivos respecto a las observaciones que pudiera tener el diseño de dicho instrumento legal”, reafirmó el representante del distrito XX de Orizaba.

El legislador puntualiza que la iniciativa sobre la Ley de Desaparición Forzada que presentó en mayo del año pasado el grupo legislativo de Morena, ante el Pleno de la LXIV Legislatura local para su discusión y análisis, se trabajó precisamente en conjunto con familiares de víctimas de Orizaba y de Córdoba, a través de la señora Araceli Salcedo, con el fin de que se prevenga, investigue, sancione y repare este delito.

Por ello, en los próximos días se tienen programadas reuniones con algunos de los grupos de familias, a fin de dialogar sobre el delicado tema en el que ya trabaja un grupo de asesores, quienes analizan y estudian algunas de las observaciones que se pudieran presentar.

“Son ellos los que han empujado dicha Ley en el ámbito federal, por lo que deben tener mayor participación a nivel local”, reitera Rodríguez García.

CUMPLIR LA LEY

Retomando los puntuales señalamientos de los empresarios para un mejor futuro de México, éstos matizan que el desarrollo del país no ha llegado a todos como para darles una vida digna, pues se vive todavía una profunda desigualdad regional que hay que equilibrar.

La agenda que la Iniciativa Privada propone es una que verdaderamente represente las preocupaciones de quien decide abrir una miscelánea, una tienda, un taller.

Una agenda que combata los obstáculos de quien tiene un restaurante, o de quien desarrolla aplicaciones tecnológicas y busca lanzar nuevos productos al mercado. En suma, propuestas que representen las inquietudes de las familias y los ciudadanos, la gente de bien, de quienes desean vivir en paz, con respeto y libertad.

Pero la base para lograr esta agenda son instituciones fuertes, un Estado de Derecho que proteja a todos y que castigue a quien no la cumpla.

Las empresas, apunta el titular de CCE, Juan Pablo Castañón, no pueden prosperar ni generar empleo si no se cumple con la ley, si el dueño de una tienda tiene que poner una reja para protegerse de los asaltos, o los restauranteros que viven extorsionados por el crimen organizado o por falsos inspectores.

Por ello reiteran que se tiene que imponer el imperio de la ley y el respeto a la misma, el combate incansable a la corrupción y el respeto irrestricto a los derechos de todos como base de la economía y de la convivencia social para el desarrollo.

El Consejo Coordinador Empresarial ha ventilado unos datos que nos dejan helados: Según el Indice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Proyect, México se encuentra en el lugar 92 de 113 países considerados más bajos en materia de justicia.

Y en la mayoría de los indicadores reprobado. Nuestra posición en los rubros de combate a la corrupción, orden y seguridad, justicia civil y criminal es aún peor, ubicándonos entre los 13 países más bajos.

Los efectos de pérdida de confianza en las instituciones son evidentes y se extienden a todos los ámbitos de la vida pública.

Según el Latinobarómetro en 2017 México registró la mayor pérdida de confianza en la democracia en América Latina y más preocupante es que este indicador ha demostrado una clara tendencia a la baja desde el año 2000.

México se encuentra en los lugares más bajos en este ranking junto a países como Honduras y el Salvador.

Por ello, insiste la iniciativa privada, es claro que la solución no está en desmantelar las instituciones existentes sino en hacerlas más fuertes y competentes, que garanticen educación salud, justicia incluyente y el ejercicio de los derechos.

Correo electrónico: [email protected]

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