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Los independientes, ¿también corruptos?

Columna Por: Francisco Martín Moreno

Publicado 21 enero 2018 el 21 de Enero de 2018

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Por: Francisco Martín Moreno

Cuando Pedro Ferriz denunció, ante las autoridades correspondientes, la venta masiva de credenciales de elector a ocho pesos cada una, (horror de horrores) en la inteligencia que al invertir ocho millones de pesos en estas cédulas, útiles entre otros objetivos como identificación personal, se podría obtener el registro para competir por la Presidencia de la República, volví a padecer un vacío siniestro al entender que las candidaturas independientes también podrían, de entrada, estar corrompidas.
Corresponde ahora al INE y a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigar los terribles cargos presentados por Ferriz para conocer a fondo la realidad de lo acontecido y, en su caso, de ser probados los hechos, proceder, con todo el rigor de la ley, en contra de quienes resulten responsables de semejantes actos ilícitos.
Cuando me refiero a “todo el rigor de la ley”, quiero dejar constancia en este breve espacio, que no será suficiente sanción la de eliminar la candidatura de quien o quienes hubieran adquirido ilegalmente credenciales de elector para lograr obtener el registro respectivo, sino que los culpables de este atentado en contra de la confianza de la sociedad, de los supremos intereses de la Nación y de la evolución democrática de la República, deberían ser enjuiciados al haber cometido un fraude y, en su caso, ser privados de la libertad de acuerdo a los términos impuestos por las normas relativas.
Los candidatos independientes son aquellos ciudadanos que se postulan a algún cargo de elección popular y que no pertenecen a ningún partido político y, con ello, ejercen el derecho a ser votados. Dichos candidatos tienen derecho a recibir financiamiento público y privado para sus gastos de campaña, en el entendido de que el monto que se les otorga es el correspondiente a un partido político de nuevo registro. Las candidaturas independientes deben ser adoptadas por ciudadanos que no se identifican con partido político alguno, tienen su propia agenda política y, sobre todo, debe suponérsele su genuina intención de representar los auténticos intereses de una sociedad verdaderamente harta, hastiada y frustrada por los escándalos de corrupción e ineficiencia en todos los niveles, verticales y horizontales de las autoridades, a lo que se suman las irritantes y cínicas promesas incumplidas de quienes ejercen el poder.
Mi primer terrible desencanto se presentó cuando Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, prometió solemnemente, en su carácter de candidato independiente a gobernador por el Estado de Nuevo León, recluir en prisión a la fétida administración priísta que él heredaba. Los regios no solo festejaron, sino invirtieron enormes cantidades de dinero para financiar las aspiraciones políticas del señor “Bronco”, de tal manera que fuera el primer Estado de la Federación en dar un vigoroso golpe de timón y cambiar para siempre el destino de una de las primeras potencias económicas de nuestro país. Nuevo León surgió como el ejemplo a seguir. ¿Resultado? El tal Bronco se transformó en un triste “pony”, inútil e incapaz, cuya gestión volvió a convertirse en una profunda frustración y decepción entre los regiomontanos y en el resto del país.
Si así van a ser los candidatos independientes, la gran promesa política de la Nación y de la República, entonces es claro que tampoco hay espacio para la esperanza ni para construir un mejor porvenir. A la fecha estoy convencido de que el señor “Bronco” es un priísta camuflado que en el fondo del proyecto de quienes lo impulsan, solo existe ahora el propósito de restarle votos a López Obrador. ¿Será?
Si la FEPADE, la responsable de atender lo relativo a los delitos electorales no investiga a fondo los hechos de extrema gravedad denunciados por Ferriz, y no castiga con todo el rigor de la ley a los responsables de semejantes crímenes cometidos en contra de la República, entonces cabría la posibilidad de la existencia de un contubernio político imperdonable con el gobierno, lo cual agotaría, aún más, la escasa paciencia de la sociedad.
Se debe castigar a quienes se hicieron de archivos con millones de credenciales de elector, sancionar con toda celeridad, a quienes cayeron en la tentación de adquirirlas, así como penalizar a los gobiernos, empresas o personas que hubieran podido dar fondos económicos para financiar las campañas electorales de los presuntos enemigos de la República, recursos que bien pudieron estar destinados a un proyecto fraudulento.
No permitamos, por ningún concepto que las candidaturas independientes, que en algún momento nos llenaron de esperanza, un pozo de agua tibia, refrescante y cantarina, se conviertan ahora en otro asqueroso pantano de fétida materia fecal, como en el que vivimos todos los mexicanos. Si algún o algunos de los candidatos adquirieron dichas credenciales, su candidatura debe ser cancelada de inmediato y proceder, con la misma rapidez, a la denuncia penal respectiva, para privarlos de la libertad. ¿Cuándo comenzaremos a vivir en un auténtico Estado de Derecho, la herramienta idónea para rescatarnos del pavoroso fecalismo en el que nos encontramos?

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