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Parteguas

La primera ha sido muy criticada por los alcances que pudiera tener, lo significativo es que las advertencias provienen de personas preparadas...

Publicado 15 diciembre 2017 el 15 de Diciembre de 2017

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Por Atila

La Ley de Seguridad Interior, instrumento legal para empoderamiento militar
Golpe mortal para los obreros estudian los Senadores con la reforma laboral
Aceptan los alcaldes electos de Morena gobernar respetando la Constitución
Saludos a Tomás Tejeda Cruz

PARTEAGUAS

Dos asuntos de prioridad nacional que los Senadores del PRI debieron tomar con pinzas por sus implicaciones sociales, son precisamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, seguida de la reforma de Ley Federal del Trabajo, en clara desventaja para el asalariado.

La primera ha sido muy criticada por los alcances que pudiera tener, lo significativo es que las advertencias provienen de personas preparadas, doctoradas en Derecho Constitucional que estudiaron la iniciativa en el primer caso, revisando los graves riesgos que deriva.

De los primeros en manifestar su rechazo fue Alejandro Madrazo Lajous, posgraduado en la Universidad de Yale, USA, encargado del Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo público del Conacyt, advirtió al Senado los muchos peligros que implica la aprobación de tan polémica legislación: las facultades entregadas al Ejército para “autogobernarse” sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso induciendo la posibilidad de instalar un “estado de excepción” sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política en la actual crisis de inseguridad, obligándose cubrir gastos de sus acciones, con el corolario de que “los actos administrativos de esta ley no son impugnables”. En suma, la militarización del País.

El doctor Madrazo refirió que el artículo 31 obliga que todos los órganos de gobierno, incluyendo autónomos entreguen “toda la información que se les requiera por Seguridad Interior”, lo cual implica que “nuestros datos personales pueden llegar ahí, o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS, pueden ser requeridos”.

Se pretende un estado de excepción de facto sin responsabilizarse políticamente, ni someter al escrutinio del Congreso el despliegue del Ejército por parte del Ejecutivo.

MARGINACIÓN

Por otra parte, en el ambiente laboral se advierte drástico el escenario de las relaciones obrero-patronales, pues se tensarían por la vía legal, debido al apretón que representaría el nuevo marco jurídico, totalmente antagónico al mejoramiento de la clase asalariada. Hace una semana fue presentada la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, una de sus cláusulas incluye eliminar los topes de la subcontratación, el “outsourcing”, lo que afectaría casi 50 millones de trabajadores, incluyendo sus derechos laborales. Esta reforma, propuesta por dos senadores del PRI, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

ADVERSOS

Dicha Comisión la preside Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; secretarios son Javier Lozano Alarcón del PAN, Luis Humberto Fernández Fuentes del PT; los cuatro vocales, Isaías González Cuevas, Armando Neyra Chávez, Tereso Medina Ramírez, Adriana Dávila Fernández, los tres primeros priistas, la cuarta panista.

Actúan como representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Académicos, al igual que expertos en la materia consideran que tan singular iniciativa sacrificaría totalmente la seguridad de los trabajadores, de ahí que los legisladores tienen la obligación moral de analizarla minuciosamente, prestándole mucha atención, así como el tiempo necesario para hacerle las modificaciones adecuadas, con el objetivo de evitar un grave impacto negativo al trabajador.

Por el momento el estado de la iniciativa está como “pendiente”, sin fecha para que ser discutida por los Senadores comisionados, informó el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Julián López Olalde, puntualizando que resulta poco posible su análisis, ante la excesiva carga de trabajo, aparte de que “ni siquiera hay un borrador”.

COMENTARIOS

Una nota buena. Miles de burócratas estatales iniciaron ayer sus vacaciones de fin de año. La mala, que salieron para disfrutar de las tradicionales fiestas decembrinas pero sin dinero, porque la Secretaría de Finanzas y Planeación en manos de Guillermo Moreno Chazzarini ni un peso autorizó como adelanto del pago normal de sus quincenas, menos del aguinaldo.

Dos corrientes de opinión se escuchan en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde manda un servidor público muy serio, responsable, honesto, el abogado tuxtleco, de San Andrés, Enrique Pérez Rodríguez. Una, que en el 2018 habrá cambios en el gobierno del estado, que repercutirían en el organigrama de la dependencia. Otra, que muchos mandos medios e intermedios aplican un programa de trabajo para ocho años.

Lo del movimiento en el aparato gubernamental que con su muy personal estilo controla Miguel Ángel Yunes Linares es posible, dependiendo del desarrollo en las campañas preliminares de los precandidatos que buscan la Presidencia de la República, tres oficiales de sendas coaliciones partidistas, cuatro independientes, de las que se desprenderán las precandidaturas para gobernadores, senadores, diputados federales, locales.

Se oyen variadas tendencias sobre el futurismo del clan de Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo claro objetivo es retener el Poder Ejecutivo de Veracruz, para él.

NI MODOS

Ahora sí MORENA perdió toda esperanza de recuperar la alcaldía de Emiliano Zapata, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechara el recurso de revisión, interpuesto como último medio, después de que la Sala Regional del TEPJF anulara la elección ante la falta de equidad en la contienda.

Ante tal escenario MORENA los diputados federales Cuitláhuac García Jiménez, junto con Rocío Nahle García anunciaron que continuarán con la solicitud del juicio político para el trío de Magistrados Adín Antonio de León Gálvez, Juan Manuel Sánchez Macías, Enrique Figueroa Ávila, que presumen cedieron ante las presiones pesadas del Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.

DISCIPLINADOS

Tras la reunión que sostuvieron en México con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, los 17 alcaldes electos de MORENA acordaron sumarse desde el primer día de su mandato al Grupo de Coordinación Estratégica del Estado de Veracruz, mostrando su disposición para colaborar en las tareas que garanticen la seguridad para la ciudadanía.

Aseguraron que asumirán la parte de la responsabilidad legal que les corresponda. Asimismo, fueron enfáticos al señalar que gobernarán sin improvisación ni ocurrencias, en forma armónica, sin subordinación con las entidades estatales como federales, apegados con la Carta Magna y la ley orgánica de Municipio Libre.

DESAVENENCIAS

El Secretario General de la Sección 32 del SNTE, Lázaro Medina Barragán exigió al Gobierno del Estado saldar todos los adeudos con el magisterio veracruzano, recordando que sigue pendiente desde la administración anterior el pago del seguro para los jubilados, sugiriéndole que podría pagarlos con el dinero recuperado o del ahorro que ha hecho.

Por otra parte, se nota que el líder del SUTSEM, Ricardo Diz Herlindo ya tampoco la lleva bien con el gobernador Yunes Linares, pues en las reuniones con su agremiados se pasa criticándolo, señalando que el anuncio de que se pagarán en tiempo y forma los salarios junto con las prestaciones de fin de año, ninguna novedad significa, pues es su obligación hacerlo.

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