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PYMES EUROPEAS PODRÁN CAMBIAR DE PAÍS

En Europa, las pequeñas y medianas (PYMES) podrán cambiar de país con un procedimiento abreviado, gracias a que el Europarlamento aprobará un paquete para armonizar las leyes nacionales, después de debatir, en noviembre próximo, un paquete especial.

Publicado 08 octubre 2017 el 08 de Octubre de 2017

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Procedimiento abreviado les evita “volver a empezar”

Dr. Armando Rojano Uscanga
En Europa, las pequeñas y medianas (PYMES) podrán cambiar de país con un procedimiento abreviado, gracias a que el Europarlamento aprobará un paquete para armonizar las leyes nacionales, después de debatir, en noviembre próximo, un paquete especial. Se simplificará tanto el procedimiento que no será necesario asesoramiento jurídico, lo que supondrá un ahorro importante para estas empresas.

El traslado de sede social en la UE supone la migración de una sociedad de un Estado miembro a otro, sometiéndose al ordenamiento jurídico de este último y conservando su personalidad jurídica de origen, sin necesidad disolución. Si el país de salida y el de destino admiten que la sociedad conserve su personalidad jurídica, esta no necesitará constituirse de nuevo y la operación será fiscalmente neutra, sin costos tributarios. Cuando no es así, por no existen normativas que lo prevean, habrá que disolver la sociedad y crear una nueva, con un costo fiscal.

Bruselas busca una normativa comunitaria armonizada, que permita los traslados con rapidez y sin costos adicionales. El Brexit británico, con el movimiento que se prevé de sociedades hacia los países comunitarios es un buen acicate para acelerar la elaboración de esta normativa, que incluirá salvaguardas para los socios minoritarios. Se regulará un derecho de separación para los socios que no quieran mantenerse en la sociedad por el traslado, pudiendo vender sus acciones a precios de mercado. Se incluirá una protección para los intereses de los acreedores, con un derecho de oposición, que impida que la empresa pueda marcharse del país sin haber pagado sus deudas o sin avalarlas.
Se plantea la defensa de los trabajadores, que en el caso de Alemania tienen derecho a formar parte de los comités de observación de la gestión de la compañía, para que el traslado no suponga reducción de derechos. Y se incluirá una defensa de los intereses generales del país de origen para que no sean causa de defraudación fiscal o de blanqueo de capitales. El traslado debe resultar fiscalmente neutro.

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