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Solicita amparo contador de Duarte

De acuerdo con el amparo 681/2017 promovido ante el juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, reclamó que la Procuraduría no le ha respondido un escrito donde nombra a sus abogados y solicita que les permitan conocer el expediente.

Publicado 30 julio 2017 el 30 de Julio de 2017

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Presuntamente operó empresas factureras de red de lavado

Fue detenido en abril en Barcelona España y está sujeto a extradición

El Dictamen / Agencias /CIUDAD DE MÉXICO. Javier Nava Soria, el contador que operó empresas factureras de la presunta red de lavado de Javier Duarte, solicitó un amparo para que su defensa tenga acceso a las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra.

De acuerdo con el amparo 681/2017 promovido ante el juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, reclamó que la Procuraduría no le ha respondido un escrito donde nombra a sus abogados y solicita que les permitan conocer el expediente. Nava envió su escrito a la PGR el 30 de junio y, ante la falta de contestación, interpuso el juicio de garantías ante el Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, según los listados judiciales. El contador fue detenido el 19 de abril en Barcelona, España, y desde entonces está sujeto a un procedimiento de extradición, a la cual desde un principio decidió no allanarse. En el amparo, Nava no solicitó la suspensión de los actos por omisión que reclama a la PGR.

El juez Mejía Ojeda acordó llevar a cabo la audiencia constitucional el 23 de agosto y, una vez cumplido este requisito, estará en posibilidad de dictar sentencia en el amparo. Al extraditable le imputan constituir empresas fachada que presumiblemente fueron usadas para simular contratos y desviar recursos del Gobierno de Veracruz, para después transferirlos a los prestanombres de Duarte. Una de sus varias implicaciones en el caso Duarte ocurrió en la compra de parcelas en Campeche, para lavar dinero. Nava era apoderado legal de Consorcio Brades, la compañía fachada que pagó 223 millones 800 mil 963 pesos por terrenos sobrevaluados, en una operación de compra venta fraudulenta.

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