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2 mil 460 teléfonos intervenidos

Y la verdad, luego de que el New York Times desatara el escándalo en México, sobre el equipo y tecnología de espionaje que se utiliza para monitorear los movimientos de periodistas, activistas y opositores, vuelve a surgir el tema que desde el estado y la federación se cuenta con los mecanismos legales para obtener información personal, de quienes consideran enemigos de los regímenes de gobierno.

Publicado 21 junio 2017 el 21 de Junio de 2017

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Por Rodolfo Herrera

En tiempo y forma, en este espacio le informamos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y su fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, convirtieron al estado de Veracruz en la segunda entidad del país que mayor vigilancia hizo de teléfonos celulares de periodistas, políticos opositores, líderes sociales y empresariales, 2 mil 460 fueron intervenidos, mediante un reporte que solicitaron a las compañías telefónicas sin que los usuarios lo supieran.

Y la verdad, luego de que el New York Times desatara el escándalo en México, sobre el equipo y tecnología de espionaje que se utiliza para monitorear los movimientos de periodistas, activistas y opositores, vuelve a surgir el tema que desde el estado y la federación se cuenta con los mecanismos legales para obtener información personal, de quienes consideran enemigos de los regímenes de gobierno.

En ese sentido los ciudadanos quedamos totalmente desprotegidos porque mientras los diputados y senadores duermen el sueño de los justos y disfrutan de los placeres que da la cercanía con el poder, los mirones y orejones se dan vida obteniendo información y escuchando la vida privada de los ciudadanos.

Una investigación de “El Economista” reveló que de acuerdo a información obtenida en medios oficiales, en los primeros 6 meses del 2016, en pleno proceso electoral para elegir gobernador, el fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras requirió a diversas compañías telefónicas la intervención de 2 mil 460 teléfonos celulares, para conocer su situación geográfica, es decir dónde estaban o se desplazaban, sus contactos, sus conversaciones, el uso de sus redes sociales, su interacción con personas relacionadas y sus gustos al solicitar información en la red.

Y en ese sentido, mientras los legisladores del PRI, PAN, PRD y Morena se la pasan roncando y cobrando un salario que no se ganan con el sudor de su frente como cualquier trabajador mexicano, el gobierno federal y los estados obtuvieron la legalización para poder solicitar judicialmente a las compañías que se les proporcionen todos los datos que se les soliciten.

El argumento para poder solicitar esa información mediante una orden judicial, es que servirían para vigilar acciones delincuenciales, pero para el caso de Veracruz, se espiaron 2 mil 460 teléfonos celulares, pero no se supo que hayan detenido a alguien tras obtener esa información, tampoco nos enteramos que esas investigaciones hayan sido turnadas a un juez ni tampoco en qué quedaron esos procesos.

Otras dos instancias que solicitaron información sobre la vida personal y privada de los ciudadanos, fueron la Procuraduría de Justicia del DF y la PGR, de las cuales tampoco se supo nada.

Es decir, el régimen de Duarte y del fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras, obtuvieron información que pudo ser relacionada con políticos, periodistas, opositores, luchadores sociales y académicos.

En ese sentido, la agrupación “Red en Defensa de los Derechos Digitales”, dio a conocer que el estado de Veracruz encabeza la solicitud de reporte de metadatos, o sea los datos relacionados con el teléfono celular, llamadas entrantes, salientes, contactos, mensajes, redes sociales y su ubicación actual.

De acuerdo a ese monitoreo, la solicitud de metadatos ha ido a la alza, en el 2013 la Fiscalía de Veracruz realizó 224 solicitudes de información, para 2014 la cifra se disparó a 780 y en 2015 creció a 802. Para el 2016 el crecimiento de la cifra fue exponencial.

A menos que el somnífero que el gobierno federal da en diferentes denominaciones a los diputados y senadores los siga manteniendo en ese aletargamiento, los legisladores deberían preguntar qué es lo que en estos momentos están haciendo las fiscalías del país con los datos que están siendo solicitados y que seguramente, corresponden a ciudadanos que no están de acuerdo con sus gobiernos.

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