Agencias/El Dictamen/México. La Ley SB04 que se aprobó en Texas es la más discriminatoria, anti inmigrante y racista que se haya expedido en ese país, señaló el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y solicitó medidas cautelares en contra de la misma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La Ley SB04 busca prohibir las ciudades santuario, conocidas de esta forma porque protegen a los inmigrantes indocumentados, y penalizar a los gobiernos locales y universidades estadounidenses que se nieguen a colaborar con las autoridades de inmigración para deportar personas. La nueva ley podría entrar en operación a partir del 1 de septiembre.

Durante la Mesa Redonda que para analizar la Ley SB04 organizó el Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Exterior (PAME) de la UNAM, en su sede de San Antonio, el ombudsman señaló que la comisión solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Amicus Curiae presentado en el juicio que se sigue contra esa ley en la Corte de Distrito en San Antonio, Texas.

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Estas medidas serían en favor de las personas en contexto de migración que serán afectadas por la entrada en vigor de la Ley SB04 de Texas, ya que impactará la integridad personal, por el temor y angustia de ser detenidas, sometidas a interrogatorios y expulsadas del país.

“Los beneficiarios de estas medidas serían las personas en contexto de migración que sean detenidas en razón de discriminación por percepción, como consecuencia de su perfil racial, apariencia, acento, ascendencia o lenguaje, por lo cual la CNDH solicitó a la CIDH pida a los Estados Unidos adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las mencionadas personas y sus familiares”, dio a conocer la CNDH.

En el recurso amicus curiae se expuso que la Ley SB04 es violatoria de la constitución estadounidense y la del estado de Texas ya que puede caerse en una aplicación diferenciada de la misma y en detenciones arbitrarias, además de que afecta los derechos a la libertad de expresión y la libertad religiosa de instituciones de educación superior privadas.

Por ello, se solicitó a la Corte de Distrito en San Antonio declarara la inconstitucionalidad de dicha ley, y suspendiera su entrada en vigor y los efectos de la misma, de manera que no pueda ser empleada para imponer medidas discriminatorias ni para obligar a las autoridades locales a adoptarlas.