El Dictamen/Agencias

Los ex presidentes de la República reciben una pensión que, de acuerdo con información pública, asciende a 205 mil 122 pesos mensuales.

A este pago se suman otras prestaciones: derecho a contar con elementos de seguridad, personal administrativo, así como con un seguro de vida y gastos médicos.

Son cinco los ex presidentes vivos: los priístas Luis Echeverría (1970-1976), Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), y los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

De este grupo, según solicitudes de información realizadas a Presidencia de la República, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo renunciaron a recibir su pensión.

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón anunció el pasado 27 de febrero la donación de su pensión a una fundación que apoya a niños con cáncer.

El sustento para que ex titulares del Ejecutivo cobren su pensión se encuentra en dos acuerdos presidenciales, que, de acuerdo a investigadores, no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El primero, fechado el 25 de noviembre de 1976, en los últimos días del sexenio de Luis Echeverría, otorgó fuerzas de seguridad a los ex presidentes. Concretamente, 78 elementos divididos entre el Ejército (45), la Armada (22) y la Fuerza Aérea (11).

Con una década de distancia, otro acuerdo fue suscrito el 31 de marzo de 1987. Ese año se estableció la pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos.

Este número se traduce en más de 2 millones 460 mil pesos al año y multiplicado por tres ex presidentes que reciben su pensión (Echeverría, Fox y Calderón, que la dona), el monto sube a los 7 millones 380 mil pesos, lo que equivale a que cada día el erario pierda 20 mil 219 pesos.

Esto sin contar el costo de la seguridad, la telefonía y el transporte al que acceden, según lo relata Hilda Nucci de la Universidad Iberoamericana.

Beneficios a la carta. Sin embargo, el dinero no es el único foco rojo. Por una disposición de ese mismo acuerdo (1987), quienes ejercieron el máximo poder en México, tienen derecho a 25 empleados administrativos para la operación de una oficina.

Nucci, la coautora del libro “Beneficios ex presidenciales”, en entrevista con EL UNIVERSAL, declaró que los ex mandatarios no necesitan recursos públicos para echar a andar un despacho personal.

Señaló que “se deben regular las pensiones con un marco normativo que se aplique a todos los trabajadores al servicio del Estado”. La investigadora denunció que no hay un piso parejo en la materia. Mientras que un trabajador promedio requiere 25 años o más de labores para pensionarse, a un presidente le es suficiente con el sexenio. “Ésa es la disparidad que existe [… provocada] por una pensión exorbitante y fuera de la ley”.

Los acuerdos, explica Nucci, han sido modificados y a partir de Calderón, los beneficios no se limitan a 78 elementos de seguridad y 25 funcionarios administrativos. “Es un tema discrecional, todo es discrecional, podrían ser hasta 427 elementos”, concluyó.

Acuerdos sin validez: Delgadillo. Por su parte, Verónica Delgadillo, diputada federal de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, subraya que los acuerdos de 1976 y 1987 no tienen validez.

De acuerdo con la legisladora federal, “estos dos acuerdos no son legales porque no cumplen con los requisitos para que así sea. ¿Que requerirían? Que fueran firmados por el presidente en turno, que tuvieran la firma de uno de los secretarios y que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación”.

La legisladora por Jalisco empuja una iniciativa en la Cámara de Diputados para quitarles la pensión a los ex presidentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL aclara que, para convertir su proyecto en realidad, solo se requiere “voluntad política”.

Espera que Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, vea su iniciativa como una prioridad. Al respecto, opina que “ahí hay intereses de diferentes partidos porque tanto el PRI como el PAN tienen expresidentes, ¿no?”.

Delgadillo percibe su trabajo en el Congreso como “una batalla simbólica, en que los políticos se dejen de servir de la gente”. Para ella, dado el contexto del país, “es insostenible tener este tipo de pensiones con esta cantidad de privilegios, cuando un mexicano de a pie tiene que acceder a una de las peores pensiones que existen en el mundo”.